En una reciente publicación de autoría de distinguidos académicos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil se establece que “ se requiere crear y consolidar sistemas de información que permitan acceso a las bases de datos completas, continuas y oportunas, lo cual mejorará la participación ciudadana, así como la planificación e implementación de políticas públicas y su evaluación”.

Cabe, coincidiendo con el planteamiento de los galenos, acotar que si lo señalado se echa en falta por parte de profesionales dedicados a la salud pública, con mayor razón deben hacerlo los ciudadanos del común que mantienen un negativo analfabetismo en temas vinculados a la relación salud-enfermedad y no han logrado consolidar, aunque solo fuese un mínimo barniz de lo que se denomina una cultura de salud. Criterios entonces, de mayor hondura, puesto que lindan con la filosofía y la bioética, salvo excepciones, le son absolutamente ajenos.

Si bien ello es lamentable, más grave resulta que tampoco sean conocimientos sobre los cuales los miembros de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional y el resto de los legisladores pueden hacer gala de ser versados, peor cuando se reconoce la ausencia de datos que permita tomar decisiones con certeza informada.

Sin duda, el cuerpo legislativo refleja en sus atributos y en sus carencias las propias de la población que los elige y del país donde actúan.

Por ello, cuando el nuevo Código de Salud, entre los múltiples y trascendentes aspectos que involucra, mantiene tomas de posición que determinan posturas definitivas en las que no todo el cuerpo legislativo concuerda, peor la ciudadanía, convendría que antes de aprobarlas, sometiendo a la República a la voluntad de una transitoria mayoría legislativa, se las someta a un nuevo debate público, ya no como temas aislados sino en el conjunto de las reformas propuestas.

Legislar sobre aborto o la píldora del día después y requerir para ello el consentimiento o no de los padres, igual que sobre derogar la tabla de consumo de drogas, que es un clamor nacional, o cultivos de marihuana y su uso médico, es tan complejo como hacerlo sobre la posibilidad de implantar la eutanasia. Ello no puede aprobarse o negarse sin el consentimiento informado de una población hasta ahora ausente del debate.