El debate de los subsidios a los combustibles no ha llegado a su fin. Por ahora es un tema que reposa, luego de que el Gobierno redujera el beneficio a las gasolinas como la extra y la súper el año pasado, con excepción a los transportistas.

En el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno ecuatoriano se comprometió a ajustar los gastos en subsidios a los combustibles gradualmente.

Si bien el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, ha anunciado que en este año no habrá nuevas revisiones sobre ese tema, está la tarea pendiente para 2021 o, incluso, antes, según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En 2019, se prevé gastar en este rubro una cantidad equivalente al 1,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, cerca de $ 2.000 millones, según lo establecido en el acuerdo con el Fondo. La meta es pasar a un monto equivalente al 1,4 % del PIB en 2021, unos $ 1.500 millones y hay varias posibilidades para cumplir el objetivo.

En semanas pasadas, la empresa suiza Sicpa, especialista en ofrecer soluciones de seguridad para Gobiernos, ha mantenido reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para conversar sobre una posible solución para focalizar los subsidios.

Sicpa trabaja actualmente con el Gobierno en otros proyectos, como la implementación de etiquetas fiscales para cigarrillos y licores para el Servicio de Rentas Internas (SRI) y un mecanismo para importar licor con el Servicio Nacional de Aduanas (Senae).

Pueden haber diferentes formas de focalizar los subsidios en Ecuador, tomando en cuenta experiencias de otros países, dijo a EXPRESO Cédric Pruche, director de Desarrollo de Negocios de Sicpa.

En el caso ecuatoriano se analizan dos vías. La primera, explicó Pruche, es quitar los subsidios a todos los ecuatorianos y compensar a través de una transferencia de dinero a los más pobres. Pero para conseguirlo con éxito, se requiere un registro social que esté muy bien actualizado para poder identificar con exactitud a los beneficiarios y eso puede resultar “muy complicado”.

El otro planteamiento que la firma suiza ha hecho al Gobierno es una solución tecnológica que permite determinar a cada persona del país una cuota de producto subsidiado y una tasa, es decir, un monto diferenciado de subsidio.

“Podemos jugar con esas dos variables que proponemos. Podemos asignarle a cada persona del país una tasa de subsidio y una cuota de producto subsidiado. Si se pasa de esa cuota se aplicaría el precio normal”, explicó Pruche.

En días pasados, el Gobierno informó que una empresa francesa se encargará de elaborar las nuevas cédulas y pasaportes. Con esa nueva cédula, aseguró Pruche, se podría conectar al sistema para autentificar la compra y aplicar las tasas y la cuota de producto. La solución también podría replicarse para la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) o de uso doméstico. En el caso de los taxistas se podría emitir una tarjeta específica para los conductores.

En términos generales, comentó David Andino, su propuesta tiene que ver con Big Data, es decir, cruzar y actualizar varias bases de datos provenientes del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Sobre el tema, el MEF respondió a este Diario que la de Sicpa es una de las varias propuestas recibidas con el objetivo de optimización de los recursos determinado en el Plan de Prosperidad. “Una vez que se defina la línea de acción a seguirse, se lo dará a conocer”, añadió la cartera de Estado.

“Hubo comentarios positivos sobre la propuesta” y esperan mantener una nueva reunión, dijo Pruche, pero reconoce que el Gobierno tendrá la última palabra para implementar el sistema, que puede demorar entre seis a nueve meses.

Ajustar subsidios si no se cumplen las metas

Una nueva revisión de subsidios podría llegar antes de 2021. En el informe de la última revisión que realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la economía ecuatoriana, para dar seguimiento a las metas establecidas, se señala que en caso de que se proyecte que los resultados fiscales no cumplan con los objetivos del programa, el Gobierno se compromete a implementar medidas de contingencia para cumplir plenamente con los objetivos del programa. Dichas medidas podrían incluir una mayor racionalización del gasto (sobre una base de compromiso) en bienes y servicios, capital y subsidios a los combustibles.

Para este año, el Gobierno se comprometió a dejar un déficit de $ 293 millones para el Sector Público No Financiero (SPNF). Sin embargo, según analistas económicos, la cifra puede ser complicada de cumplir, debido a los balances actuales de $ 1.400 millones de déficit fiscal hasta el cierre de julio.