A finales de octubre EXPRESO observó que los controles se efectúan en conjunto, participan la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera y los militares. Porque ante la falta de personal y para reforzar la lucha contra el contrabando se creó la

La tasa anticontrabando se desarma en la frontera

Las autoridades requieren carros, armas y tecnología. La policía nacional, aduanera y militar están unidas para evitar los ataques de contrabandistas.

La lucha de las autoridades contra el contrabando no es de igual a igual. La tasa anticontrabando se desarma en la frontera, el motín con víctima en Arenillas evidencia problemas operativos y de seguridad, cuando ciertos pobladores defienden a los infractores y atacan a las autoridades. Según los pobladores de la frontera sur, la Policía Nacional detectó a un camión con un supuesto contrabando. En el momento que lo detuvieron y pidieron papeles, los aparentes contrabandistas y los moradores atacaron a los policías, unos con balas y otros con piedras.

“Enfrentamos no a simples contrabandistas, son sicarios. Son una mafia, una organización con mucho poder. Para realmente luchar contra ellos se necesita más personal, carros nuevos y tuneados, armas y equipos de comunicación”, dijo a Diario EXPRESO una de las autoridades de la frontera sur, que prefirió no identificarse por seguridad.

Agregó que ante el ataque se pidió ayuda a los militares y al amanecer recién a la policía aduanera. Recordó a sus compañeros que han muerto en el cumplimiento del deber y otros carros quemados hace dos años. Explicó que la lluvia de piedras es siempre que se detiene un carro. “Los contrabandistas pagan $ 5 a ciertos pobladores, para ello”.

Es una realidad que a finales de octubre EXPRESO la palpó directamente, al hacer un recorrido por los caminos secundarios del contrabando en la frontera sur. En las camionetas de las autoridades había piedras para defenderse y así no tener que disparar. En esa visita un policía aduanero relató a EXPRESO que junto a otros compañeros encontró un camión con contrabando, al intentar detenerlo la población los atacó. “Tuvimos que correr y saltar de un techo a la casa de una familia que nos escondió y luego nos sacó en su carro. Para que tenga una idea de todo lo que falta en la frontera para enfrentar al contrabando, le digo que la principal arma es el amén en la boca, porque la mafia tiene mejor armamento que nosotros”, relató en ese entonces la autoridad.

Es una realidad que se vive a diario en las líneas de las fronteras. Ahora se espera que la tasa de control aduanero ayude a solucionar esta problemática y se frene incluso el contrabando técnico, que según el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, perjudica al fisco al año con $ 700 millones.

Los militares

Las medidas de seguridad se han extremado

En las fronteras con Colombia y Perú, los militares se andan con extremo cuidado para evitar enfrentamientos con los lugareños.

Confiesan que la convivencia con la población civil se ha vuelto difícil por los controles que ejecutan en zonas donde los pobladores se dedican al contrabando de productos y mercancías y ven a los miembros de la Fuerza Pública como sus enemigos, porque afectan actividades que ellos se creen con derecho de realizar y se niegan a aceptar que se trata de actividades fuera de la ley.

En las Fuerzas Armadas se ha establecido un protocolo de seguridad para quienes patrullan en las zonas conflictivas y que, cuando se lo pide el Servicio de Aduanas, brindan seguridad en las acciones de control.

Los militares no solo están obligados a evitar el contacto con la población civil en sus horas de descanso, sino que son extraídos de esos lugares inmediatamente después de terminar sus 21 días de patrullaje.

El almirante Darwin Jarrín, jefe del comando operacional marítimo, precisó que los militares solo participan en las operaciones de control del contrabanado cuando lo solicita la Secretaría Nacional de Aduanas, pero exclusivamente para formar cordones de seguridad para que los agentes aduaneros puedan realizar su trabajo.

Y solo pueden retener mercadería y otros productos en los casos de delitos flagrantes, en los que están obligados a llamar inmediatamente a las autoridades competentes que se hagan cargo.