La Comisión que preside Silvia Salgado ha eludido la investigación de responsabilidades en los casos de abuso sexual escolar y se distancia cada vez más de la sociedad civil. Sybel Martínez explica por qué no quiere avalar con su presencia el trabajo de Aampetra.

- ¿Por qué se retiró de la Comisión Aampetra?

- Cuando vino Augusto Espinosa hicimos preguntas que nadie quería preguntar. Nos empezaron a limitar el uso de la palabra. Entonces trabajamos con preguntas por escrito, pero la presidenta Silvia Salgado leía algunas, desechaba otras, hacía lo que quería. Cuando vino la ministra de Justicia quise intervenir y me dejó con la mano levantada. Este jueves vino la ministra de Salud. Entonces dijo: “Le vamos a dar la palabra aunque esta señora se acerca al Diario EXPRESO”. Fue muy despectiva, y su comentario muy gratuito.

- ¿Está la Comisión encubriendo a las autoridades?

- No podría asegurarlo. Lo cierto es que hay seis miembros de Alianza PAIS y tres de la oposición. Y lastimosamente esos seis de PAIS no han sido muy acuciosos a la hora de preguntar. Lo que sí creo es que se trata de dominar la Comisión y la forma cómo se piensa o se debe pensar ahí. Nosotros somos una pieza que no calza.

- ¿La Comisión ha cumplido con sus objetivos?

- Definitivamente no. Han pasado cinco meses y no hay un resultado real. Se ha recibido víctimas y se las ha revictimizado, porque no hay un protocolo. En algún momento llegó hasta un niño. Y la investigación para establecer la dimensión de este problema no se ha dado. No se ha establecido cuántos niños han sido violentados. Además, hablamos de una comunidad educativa con víctimas directas e indirectas. No se ha investigado a esa comunidad.

- ¿Los padres de las víctimas de la academia Aampetra dejaron de asistir por esas causas?

- Se sintieron decepcionados después de que no se dio paso al juicio político de Augusto Espinosa. No porque se estuviera buscando la cabeza del exministro, sino porque la idea era determinar quiénes habían procedido mal por acción u omisión. Y no se ha llegado a eso. Los niños no han recibido el tratamiento psicológico que se les ofreció ni las becas que les prometieron.

- El CAL inadmitió el juicio político a Espinosa sobre la base de un informe presentado por Silvia Salgado el 13 de noviembre. Ese informe no se ha hecho público. ¿Cuál es su contenido?

- Ese 13 de noviembre, en la Comisión, se presentó un informe distinto que tenía unas conclusiones claras y abría posibilidad de determinar responsabilidades. De la mañana a la tarde se cambió el informe por una presentación de Power Point. El informe original establecía responsabilidades de Fiscalía, Ministerio de Educación, Consejo de la Judicatura... Y la conclusión era que se había actuado con negligencia. Pero no se presentó eso en el CAL.

- Espinosa dijo haber creado sistemas de colaboración interinstitucional y de recopilación de información. ¿Funcionaron?

- La prueba de que no funcionaron es que no tenemos un diagnóstico que nos permita saber lo que realmente está ocurriendo en el sistema educativo. Si en 2012 se creó un comité interinstitucional fue por algo. Algo dio la voz de alarma y dijeron: hagamos algo, sin llamar la atención, sin levantar mucho polvo. Gustavo Jalkh, que es el único que nos ha parado bola, nos dijo que ellos sí tenían información. Quien no la tenía era el Ministerio de Educación, o no la quería tener. Han fallado también los protocolos, porque es muy bonito tener en el papel un protocolo, una ruta, y otra cosa es aterrizarlo. Por otro lado se puso un tamiz en los distritos. Se supone que todos quienes conocemos de un delito debemos denunciarlo en Fiscalía. Pero la Ley Orgánica de Educación puso este tamiz: antes de que usted denuncie en Fiscalía, pase por el distrito. Y el distrito filtra las denuncias: lo que les conviene saber o no. Por eso hay 200 casos archivados. Se quiso hacernos pensar que teníamos un sistema educativo perfecto.

- ¿Hay agresores denunciados que continúan en las escuelas?

- Denunciados, no. No tenemos ese dato. Sin embargo, el asambleísta Héctor Muñoz comentó que tenía conocimiento de un agresor que se encontraba dando clases en algún colegio. Y sí está pasando algo terrible: recibimos una carta del colegio Prócer de Antepara, en Vinces, donde dicen que se le ha dado al distrito la facultad de elegir a los directores, sin haber saneado el distrito, cuando este distrito protegió al rector que violaba a los niños. Tenemos funcionarios que trabajaron en la administración anterior que siguen hablando sobre temas de violencia cuando ellos tuvieron en sus manos estas denuncias y no hicieron nada.

- ¿Cree que hay una política de silencio que favorece la impunidad de los agresores?

- De forma textual, no. Pero efectivamente el código de ética, promulgado en la época de Gloria Vidal, prohíbe dar a los medios información no autorizada por el Ministerio. También creo que se utilizó a la Red de Maestros para pagar cuotas políticas y eso pervirtió el sistema. Hay 1.800 maestros que no tienen ni título ni experiencia.

- ¿Son ahora las escuelas lugares seguros?

- Definitivamente no. Son ambientes poco protectores e indiferentes en donde cualquier cosa puede pasar y de hecho ha pasado. Para cambiar esto hay que capacitar a los maestros, sanear el sistema, quitar esta cultura del silencio, en donde protegemos al agresor de nuestros niños y a nuestros niños ni siquiera escuchamos. El Código de la Niñez y Adolescencia no tiene un capítulo exclusivo de violencia. El sistema de protección de derechos de nuestros niños ha sido desmantelado en estos últimos diez años. Si me preguntan a mí, yo declararía en emergencia el sistema educativo.

- ¿Por qué dice que el sistema de protección fue desmantelado?

- Se perdió la especificidad en temas de niños. Se creó el Consejo de Igualdad Intergeneracional y se anuló el Consejo de la Niñez. Hoy, con la ley de violencia de género, se pretende que las juntas de protección de derechos de los niños también trabajen derechos de las mujeres. Pero no hay presupuesto ni inversión. El fiscal dice: nos hace falta psicólogos. Pero eso cuesta 5 millones de dólares. Entonces que violen nomás a los guaguas, qué pena. Lo mismo dijo Espinosa: montar un sistema de prevención cuesta. Con ese pretexto no hacemos nada. Mientras los guaguas no voten, no habrá presupuesto.

- ¿Cree que la mesa técnica conformada por Carondelet puede enderezar las cosas?

- Nunca vamos a perder la esperanza de que se hagan cosas a favor de nuestros niños. Lo importante de esa mesa es que ahí están los tomadores de decisiones. Pero también cuestiono el hecho de ver sentada en esa mesa a gente que tuvo en sus manos denuncias y las metió bajo la alfombra.