Hasta la noche de ayer, la máxima corte de Venezuela no decidía si abre un juicio y autoriza la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, símbolo de la disidencia chavista que desafía al presidente Nicolás Maduro.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, agotó el plazo que se fijó para dar su veredicto, tras la audiencia celebrada hace una semana en la que el oficialismo acusó a la fiscal de mentir contra los magistrados, por lo que su fallo se supone inminente.

La abogada, de 59 años, fue acusada por el diputado oficialista Pedro Carreño de “mentir” al afirmar que no avaló la designación, según ella “amañada”, de 33 magistrados por el anterior Parlamento, en 2015.

Carreño asegura que Ortega, a quien los oficialistas consideran una “traidora”, es “bipolar” y pidió incluso al TSJ declarar “su insania mental”.

La fiscal afirma que se mantendrá en el cargo, aun si se ordena su destitución, para defender el restablecimiento del orden constitucional, que según ella interrumpió Maduro a través del TSJ con fallos que socavaron las facultades del Parlamento, desde 2016 dominado por la oposición. “No he cometido ningún delito. Denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos”, insistió Ortega en una entrevista radial.

En medio del enfrentamiento, aceleró en estos días imputaciones contra varios funcionarios civiles por supuestos actos de corrupción -incluido el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht- y militares bajo cargos de violación de derechos humanos. No obstante, dijo no temer a posibles represalias.

La decisión sobre el futuro de Luisa Ortega coincide con la realización esta semana de actos de campaña para promocionar a sus candidatos de cara a la elección, el 30 de julio, de la Constituyente, un suprapoder que regirá al país por tiempo indeterminado y que según la oposición busca imponer un “régimen al estilo Cuba”.

De su lado, la oposición organiza un plebiscito simbólico para el domingo, confiada en mostrar un rechazo masivo a la Constituyente, que llega al 70 por ciento según la firma encuestadora Datanálisis.

Carreño gestiona un recurso de nulidad del plebiscito porque se hará sin el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de oficialista.

Al respecto, la rectora del CNE, Socorro Hernández, vinculada al chavismo, aseguró ayer que la consulta promovida por la oposición sobre la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el Gobierno no tendrá efectos de legalidad.

Sin embargo, para la Conferencia Episcopal Venezolana, la consulta popular convocada por la oposición tiene “plena legitimidad”.

En tanto, las protestas continúan, ayer una mujer de 56 años murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación opositora registrada en la localidad de El Tocuyo, con lo que sube a 94 la cifra de muertos en el marco de la ola de protestas que ya tiene más de cien días.