Luego de un mes de la explosión en las calles Décima y la 8 del Cristo del Consuelo, los damnificados del barrio reflexionan sobre lo ocurrido y señalan que se sienten burlados e impotentes, pero al mismo tiempo resignados porque consideran que una vez más el olvido tocó sus puertas y las ayudas prometidas quedaron para los titulares de ciertos medios de comunicación.

Los moradores del sitio, también conocido como la calle 8, dicen estar “rodeados de maldad”, porque tan solo a dos calles existe un sector al que hace algunos años se lo denominó el barrio 10/10 o también la ‘bahía de la droga’, por la intensidad del microtráfico y constantes disputas de sectores.

“Al menos en esta calle no tenemos problemas de hacheritos, somos unidos en ese aspecto, ¿pero cómo salir de aquí? Si por ejemplo la casa perteneció a mi abuela, mi madre le puso otro piso y yo me encargo ahora de ponerla decente, con baldosas, etc., es un proceso de años. Y de repente pasa esto y se vuelve a comenzar de cero. Para que siga el bien y cambie este sector, debe pasar al menos una generación. La bomba fue porque justamente tenemos limpio de mal este lugar”, recalca Fiama Mercado, quien es una de las damnificadas y posee una discapacidad en sus piernas. Además, es psicóloga y está desempleada desde hace un año.

El atentado terrorista desencadenó la declaratoria del estado de excepción en la ciudad de Guayaquil. La medida fue renovada el pasado 14 de septiembre para otro mes más, porque no se detiene la escalada de violencia, pero también hacen un llamado para que cumplan lo prometido.

“Históricamente las zonas marginales afro han sido ignoradas, por eso somos los más pobres de los territorios, no tenemos las mismas oportunidades. Hay un racismo estructural y nos toca luchar para lograr condiciones dignas”, analiza Ángel Sinisterra, otro de los afectados, quien ahora usa una plancha de Eternit como puerta principal para entrar a su casa.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entregó ya 15 bonos de contingencia a las personas que según los estudios, calificaron para recibirlos. El rubro es de $ 265,33 y se otorga por única vez para la reparación de las viviendas afectadas por los siniestros que puedan ocurrir.

“Sí, yo recibí el dinero para reparar la casa, pero mi hermana está internada en el hospital Guayaquil porque quedó gravemente herida y ahí se me fue el bono, comprando de todo, porque ni gasa hay. Antes que la casa está la salud”, resalta Sinisterra.

Otra realidad que molesta a los perjudicados es la confusión y descoordinación que hay entre el Gobierno central y el Municipio de Guayaquil. Consideran que les deben indicar si realmente los van a ayudar, porque caso contrario necesitan avanzar en conseguir materiales y dinero para la obra antes de la temporada invernal.

“El mismo Estado está en crisis, porque no saben qué hacer con el país”, comenta Vanessa Franco, una damnificada que también es abogada y lidera la organización de los afectados para acudir este miércoles a una reunión con Manuel Samaniego, concejal municipal del distrito 3.

El objetivo es que les den una respuesta ante el “juego de la gallinita ciega”, porque desde el Gobierno central les han dicho que no los pueden ayudar más porque no tienen título de propiedad, sino de posesión.

Enfatiza que por ese papel pagan impuestos prediales y alcantarillado y más rubros a pesar de no tener los servicios básicos. “Sabemos que los ofrecimientos responden a la campaña electoral. Lo que queremos es que nos digan los lineamientos para legalizar y no tener problemas en el futuro, porque realmente es probable que no nos ayuden, solo quieren lucirse en la prensa”.

Cuestionan además que la legalización de terrenos no está en sus prioridades, puesto que su interés está en “el negocio” de los nuevos planes habitacionales municipales.

• Entrega de kits

Durante la visita que realizó Diario EXPRESO al lugar, se observó a una brigada del MIES conformada por dos técnicos que recopilaron datos en casas cercanas al siniestro para la futura entrega de víveres e insumos. Sin embargo, los moradores prefieren que cada entidad relacionada al tema explique los procedimientos a seguir para solucionar su problema habitacional.

• Reglas claras

Los perjudicados de la explosión están conscientes que tienen que legalizar los terrenos a través de los respectivos procesos, pero denuncian que desde el Municipio solo les indican “que esperen” y los envían a realizar los trámites a instituciones del Gobierno Central y estos últimos los “devuelven” con el cabildo. Quieren saber qué hacer porque pagan impuestos y servicios que no reciben.

• El apoyo ausente

Nayeli Barrios es una madre soltera de 21 años, hija de una fallecida por el atentado. Ahora es responsable de su hermano de 7 años que quedó huérfano. Ella no ha recibido ningún bono, a pesar de que la suya fue la casa más afectada. Convive por semanas junto a su hija y hermano en espacios prestados. La alcaldesa Cynthia Viteri le ofreció una vivienda, pero desde hace un mes no se han vuelto a contactar con ella. Este diario solicitó a la entidad detalles del proceso en dos ocasiones y no emite respuesta sobre el pedido.

• Fiscalización del trabajo que se realiza

Las familias afectadas señalan que necesitan alguien con quien quejarse para que ordene el correcto y eficiente trabajo interinstitucional. Señalan que el Gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas no volvió a visitarlos luego de la tragedia. Critican también “la ligereza” con la que se señala a las familias como sospechosas del tráfico de drogas. Piden que dichas acusaciones sean compradas y que no se justifique con ello el retraso en las ayudas.