Cualquier propuesta de subir los sueldos y los salarios debe tomar en cuenta que, en una economía donde la mitad de la fuerza laboral no trabaja en relación de dependencia, tales incrementos tienen un efecto relativo y limitado sobre los ingresos de las familias.

Esta reflexión es particularmente aplicable al mercado de trabajo guayaquileño que se caracteriza por su vocación comercial e independiente, o informal como lo clasifican las estadísticas. Por contraste, las remuneraciones representan el 37 % de la economía, y la factura burocrática una tercera parte de las remuneraciones; debido a esa configuración de la economía, cualquier subida de sueldos y salarios tiene su mayor impacto en el gasto público -de por sí, ya inflado.

Es menester entonces, considerar el impacto global de las alzas salariales en los ingresos globales de las familias. De otra manera tales iniciativas discriminan a favor de quienes son parte del trabajo formal, pero en contra de quienes aspiran a entrar al mismo. Los informales, que quedan por fuera, pueden ser beneficiados, pero tan solo indirectamente por efecto del mayor consumo de los que tienen ingresos fijos.

La política económica debe buscar asiduamente la creación de las condiciones para el crecimiento equitativo, el mismo que, al repartir las oportunidades económicas en un amplio espectro, permite subir los ingresos de todos, incluyendo los de los informales.

Hay que crear oportunidades económicas que, por ejemplo, favorezcan el florecimiento del comercio, la agricultura y la pequeña industria.

Dicho de otra forma, hacer exactamente lo contrario de lo que se hace hoy, con los resultados de marginación, desempleo creciente y recesión que experimentamos los ecuatorianos.

Los mercados laborales deben ser fluidos. La mejor prueba que no lo son es que más de un millón de ecuatorianos han tenido que abandonar el país para buscar su sustento en otros lares. En la época actual las opciones de emigrar son más escasas y riesgosas, pero, aparte de ello, es necesario que el país no le falle a su gente, y que el ente político asimile que la economía no se legisla, sino que se la moldea para crear las circunstancias en las cuales el empleo productivo - formal o informal- permite a los ciudadanos aspirar a vivir vidas dignas.