Hay daños colaterales o indirectos. La decisión de la Corte Constitucional de suspender los efectos de la recién aprobada Reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), tras acoger una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos relativos a la jubilación y sueldos de los maestros públicos, implica que otros cambios y disposiciones de ese cuerpo legal también se queden temporalmente en suspenso.

Eso apuntan dos exlegisladores que impulsaron esa reforma y su aprobación por parte de la anterior Asamblea Nacional: Jimmy Candell y Marcelo Simbaña, exintegrantes de la Comisión de Educación.

“El auto inicial de la Corte Constitucional es deficiente en cuanto a desarrollar un texto argumentativo y de precisión, sin embargo puede colegirse que la suspensión de la vigencia de la ley es integral”, dice Candell, expresidente de esa comisión.

“El texto no introduce ninguna particular aplicación, por lo que debe entenderse que la suspensión abarca la totalidad de la LOEI, a pesar de que no se pronuncia por el fondo de la demanda”, agrega.

En ello coincide Simbaña y, por el mismo motivo, ve más implicaciones que solo el tema del incremento de sueldos del magisterio público, su recategorización automática y la jubilación con 30 años de labores.

“Lamentablemente la Corte Constitucional acoge esa demanda y obviamente sus implicaciones atañen a toda la ley. Queda suspendida toda la reforma que se hizo”, señala.

Simbaña cuestiona la demanda y afirma que la reforma es constitucional. Además, recuerda que la Comisión de Educación trabajó con las carteras de Economía y Finanzas y recogió todos sus criterios.

Como informó este Diario en su momento, la reforma alcanzó casi el 80 % del texto de la ley original y tocó temas adicionales a las remuneraciones.

Por ejemplo, la eliminación del bachillerato general unificado, la implementación del de Artes y la restitución de las antiguas especializaciones.

Asimismo, la implementación de un sistema de prevención y vigilancia de la violencia, acoso y abuso sexual en los planteles. Y otros temas como la restitución de los antiguos colegios militares (convertidos en fiscales durante el gobierno de Rafael Correa) a las Fuerzas Armadas; o la creación de una Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y de un régimen especial para la educación municipal; entre otros.

En la práctica, eso supone que estas disposiciones aún no pueden ser aplicadas en las instituciones educativas, pues su vigencia está suspendida.

“Efectivamente, los colegios seguirán con la planificación del año anterior, no existiría la obligación legal del Estado de proveerles de Internet, ni de darles recursos para la infraestructura. No habrá sistema de protección en contra de los acosos, abusos sexuales y toda clase de violencia en los planteles”, enumera Hilario Beltrán, dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), gremio que ayer llevó a cabo un plantón en defensa de la normativa.

Nancy Gutiérrez, rectora de la unidad educativa particular José Domingo de Santistevan, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, indica que si bien la mayoría de los colegios habían organizado su ciclo lectivo antes de la vigencia de la reforma a la LOEI, como en el caso de su establecimiento, la actual suspensión impide empezar a implementar sus disposiciones a quienes ya pensaban hacerlo.

La educadora lamenta esta situación y defiende el derecho de los docentes al incremento salarial. A su criterio, en esta pandemia se ha visto, más que nunca, el sacrificio de los maestros.

Desde el régimen de Correa, los profesores y directivos de planteles fiscales tienen prohibido dar declaraciones públicas a los medios. Algo que, por cierto, también modifica la reforma a la Ley de Educación.

OTRAS DISPOSICIONES DE LA REFORMA

• Acceso a la universidad. La ley prohíbe utilizar los procesos de evaluación de los colegiales como mecanismo de ingreso a la educación superior. Algo que antes hacía la Ser Bachiller.
• Colegios militares. En un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la reforma, los ministerios de Defensa y Educación debían elaborar un plan para el traspaso de los 26 establecimientos educativos antes llamados militares.