La subvenciones de las becas estan en cuestion
Las universidades públicas que ofrecen estudios de posgrados, maestrías y doctorados podrían quedarse sin los fondos del Estado. Lo advirtió, el sábado, el presidente de la República, Rafael Correa.
Eso significaría un desfinanciamiento para tres centros de estudios superiores: la Universidad Andina Simón Bolívar, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
Esto sería un golpe para estas instituciones que forman a la mayoría de funcionarios públicos locales y a una minoría de empleados privados, según sus datos.
La Universidad Andina, por ejemplo, que ha sido el centro de las críticas a las políticas públicas de la revolución ciudadana, recibe 27 millones de dólares anuales del Estado. Tiene 2.400 alumnos, el 60 % proviene del sector estatal y el 40 % es del privado. “Cualquier modificación a las asignaciones que recibe la universidad afectará al desarrollo del proceso educativo, que tiene clase A y es de excelencia”, dijo a EXPRESO el rector encargado, Jaime Breith.
Según el primer mandatario, los 30 millones de dólares que se asignan a la Andina y la Flacso deben ir directamente a los estudiantes.
Adrián Bonilla, exrector de la Flacso, escribió en su cuenta de Twitter que “cerca del 90 % de los estudiantes reciben becas de estudios”. Y aseguró que reciben los recursos como consecuencia de vigencia de la ley y no de lobby.
El legislador de CREO y miembro de la Comisión de Educación, Wilson Chicaiza, sostiene que el presidente Correa debe ver las dos caras de la moneda: entregó a sus cuatro universidades emblemáticas 4.500 millones de dólares. “Solo a Yachay le dio más de 1.000 para un mínimo de alumnos. Pero pretende dejar sin recursos a las universidades que forman a sus funcionarios”, señaló a EXPRESO.
Para el asambleísta oficialista y estudiante de maestría del IAEN, Armando Aguilar, “las becas son solo para los que no tienen recursos económicos y buen puntaje”.
¿Bajo qué perspectiva legal sería posible retirar esos fondos? La Ley de Educación Superior es clara sobre el financiamiento del Estado: el Ejecutivo no podrá privar de sus asignaciones presupuestarias o retardar las transferencias a ninguna institución pública. Eso implica que la norma debería reformarse para cambiar el destino de esas rentas.
