Sin soplones no hay saqueos

Son delincuentes de bisturí, que no parecen temer a la Policía Nacional. Operan de forma “organizada”, en los lugares más inauditos y con la ayuda indispensable de “infiltrados”, que trabajan “para empresas eléctricas y subcontratas” dedicadas al mantenimiento del alumbrado público.

Aunque cometen sus fechorías de madrugada, utilizan ruidosos aparatos para perpetrarlas en menos de cinco minutos. Muchos incluso portan armas de fuego y amedrentan a los posibles testigos de sus golpes, que a menudo no se atreven a interponer denuncias por miedo a que descarguen después su ira contra ellos.

Los saqueadores de luminarias, transformadores y cableado eléctrico forman grupos muy especializados y reducidos, de tres o cuatro personas. Se dedican a este ilícito de manera casi exclusiva y tienden a no involucrarse en delitos mayores como el tráfico de drogas, los asaltos o el sicariato. Quizás porque han desarrollado un ‘modus operandi’ muy lucrativo y de reducida exposición, sobre todo en el caso del cable, que al estar compuesto de cobre se ha convertido en una delicatessen para ellos.

Un metro le cuesta al Municipio de Guayaquil entre uno y cinco dólares, dependiendo de su grosor. De modo que los beneficios son más que notables. Solo en el parque central de Los Ceibos desaparecieron unos 12.000 en cuatro desvalijamientos desde 2015. Y como detalla a EXPRESO el mayor Hugo Villavicencio, jefe de la Policía Nacional en este distrito, los tres detenidos por el último episodio fueron sancionados por contravenciones. Los riesgos, por tanto, son mínimos.

John Garaycoa, experto en seguridad internacional y presidente de Mac Security, ha laborado para el propio Cabildo y distintas constructoras. Al igual que su colega Franklin Gallegos, otro veterano de la seguridad privada y máximo responsable de Invescol, destaca el importante papel que juegan los soplones, muy difíciles de detectar por sus superiores debido a que rara vez cuentan con antecedentes. Ellos conocen dónde se instalan los equipos de alumbrado más caros y, todavía más importante, poseen los contactos necesarios para dar salida al botín.

“Los infiltrados usan una estrategia de fraude interno. Porque los delincuentes no son adivinos. Por eso penetran en organizaciones públicas y privadas. De ley que tienen a gente entre tantos miles de trabajadores. Pero es complicado saber quiénes pasan los datos”, precisa Garaycoa a este Diario. “Los ladrones se basan en información de dónde se encuentra el mejor material, de dónde no hay vigilancia ni existen ojos de águila o cámaras... Por supuesto que saben todo eso de antemano”, agrega Gallegos.

El Municipio cree que el incremento de los controles ha trasladado el comercio clandestino de estos productos al exterior de la ciudad, donde las ventas se materializan a precios más bajos que en el mercado legal para garantizar generosas ganancias tanto al pillo como al comprador.

Pero Gallegos está convencido de que también se ejecutan de manera “muy camuflada” en la urbe porteña. Su destino final, según él, “muy probablemente” sean algunas fundiciones que quebrantan la prohibición de adquirir mercancía robada y los puestos de cachineros, donde pueden encontrarse “metales, materiales de construcción y utensilios forjados en cobre”, de incierta procedencia.

Esta singular especie de delincuentes se moviliza en camionetas con balde o en carros canasta cuando pretenden apropiarse de luminarias emplazadas a más de diez metros, como sucedió en el monumento de Guayas y Quil, en la avenida Benjamín Rodríguez. Allí, de paso, arrasaron con los cables de las cámaras de videovigilancia para no dejar pistas y embolsarse una plata extra.

Lo más habitual es que empleen máquinas amoladoras, martillos, cinceles y cizallas. Se sienten tan impunes que no dudan en intervenir muy cerca de algunas UPC, como en Los Ceibos o en La Saiba, y de las principales instalaciones de la Policía Nacional.

Así ocurrió este año en la avenida de las Américas, “delante” del cuartel Modelo. “Mandamos inspeccionar y se habían llevado todo el cableado subterráneo”, atestigua Eduardo Piedra, jefe de Mantenimiento y Preservación de Obras Eléctricas en el Municipio.

Tal vez por eso Gallegos considere prioritario promover más programas educativos de seguridad ciudadana. Porque la “colaboración” de los testigos es “fundamental” para atajar los saqueos. De lo contrario, pueden erigirse en “cómplices”.

El contexto

El Municipio gasta casi 500.000 dólares anuales para reponer los materiales sustraídos en parques y avenidas. Tal y como desveló EXPRESO, el problema afecta a las 4.000 zonas verdes de la ciudad y “va a peor”. El Cabildo ya solo atenderá siniestros de zonas regeneradas. Remitirá el resto a la CNEL.

Cerco a las fundiciones

Hace más de cinco años, el Municipio puso en marcha una insólita medida para frenar los hurtos de tapas de alcantarillas. El alcalde, Jaime Nebot, se reunió con propietarios de unas diez fundiciones porteñas y decretó que estos debían sufragar “un fondo permanente de 300.000 dólares”. Dicha cantidad se destinaría a pagar los daños ocasionados por los pillos.

Eduardo Piedra asegura que la disposición ha ayudado a minimizar un fenómeno hasta entonces incontenible. “Los ladrones las vendían a estas empresas porque tenían un marco de acero. Si no las hubieran comprado, no se habrían producido tantos incidentes. Cuando desaparecen tapas, se reponen con dinero del fondo y los representantes de las fundiciones aportan lo que se ha gastado hasta tener 300.000 de nuevo. Si no, las clausuran”, sentencia.

El Cabildo no descarta desarrollar alguna iniciativa similar para el alumbrado público y estudia estampar su nombre en el forro del cable. El problema es que los delincuentes lo pelan antes de comercializar el cobre.