El sometimiento petrolero a China genera rechazo general
Un convenio firmado por el Gobierno con Petrochina y el banco CDB de ese país otorgó a esa entidad la facultad de disponer, sin previo aviso, de la cuenta que Petroecuador tenía abierta.
Muchos son los términos que expertos en derecho internacional, analistas políticos y asambleístas utilizan para descalificar la conducción económica del país del anterior gobierno (Rafael Correa), que por el apuro de recursos económicos aceptó condiciones de créditos de China que, dicen, “vulneraron la soberanía ecuatoriana e hipotecaron las reservas de petróleo”.
Antonio Parra Gil y Carlos Estarellas Velásquez, expertos en derecho internacional, coinciden en que es vergonzoso que se haya aceptado que el banco chino CDB haga cobros y retenciones de dinero, sin previo aviso, de la cuenta abierta por el Gobierno ecuatoriano en esa entidad financiera.
“Es totalmente absurdo que el Gobierno anterior le haya dado a los bancos chinos una chequera en blanco. Esto jamás había ocurrido”, añade Parra Gil.
Estarellas cree que lo primero que hay que saber sobre los acuerdos y convenios firmados con China es de qué tipo son y quiénes los firmaron para establecer responsables, pues pueden haberse cometido violaciones constitucionales y de tratados internacionales, en cuyo caso le toca actuar al gobierno de Lenín Moreno y a la justicia. “Hay que conocer si son convenios de gobierno a gobierno (debió aprobarlos la Asamblea) o si son acuerdos entre el Estado ecuatoriano y los bancos chinos”, dice.
Según el analista político Medardo Mora (manabita), la investigación y revisión que se haga a los contratos de venta petrolera debe involucrar absolutamente a todos, porque lo que se está viendo es que las negociaciones fueron desfavorables para Ecuador, en el que se puso en evidencia “el más rancio totalitarismo del que está embuido Rafael Correa, en perjuicio de los intereses del país, que debieron estar por encima de todo”.
“Lo que ha ocurrido es un claro perjuicio a la nación y un atentado contra la inalienabilidad de los activos del país y de sus recursos naturales (el petróleo no podía entregarse en garantía)”, precisa el analista económico Marco López.
“El que se haya permitido que los recursos del Ecuador hayan sido manejados por los acreedores es una inconstitucionalidad. Aquí hay que hacer respetar la soberanía”, precisa.
Un irrespeto a la soberanía del país del que también hablan los asambleístas Roberto Gómez (movimiento CREO) y Raúl Tello (independiente) y el exasambleísta de Pachakutik, Pepe Acacho. Todos concuerdan en que las investigaciones deben hacerse en diferentes frentes (Gobierno, Contraloría, Asamblea y Fiscalía) para sancionar a los responsables, pero no tienen muchas esperanzas de que estas se concreten en acciones legales.