La proforma del PGE encierra entre sus múltiples recodos de mañas y misterios un financiamiento de “Organismo no identificado” por valor de $4.616’780.002,84 o 56,53 % (¡se añaden los centavos y decimales para dar una impresión de rigurosidad!) para que el Estado funcione con exactitud matemática.

El misterio se resuelve si a esa cifra le ponemos nombre y apellido: Fondo Monetario Internacional. Las negociaciones empezaron durante la visita de la misión del Fondo en el primer semestre del año. A pesar del tiempo transcurrido no se ha dado a conocer el informe de la misión y al momento continúan los preparativos que se harán oficiales cuando se conozcan los términos de la Carta de Intención. El propósito de la operación es el de devolverle liquidez a la reserva monetaria, la cual al momento solo cubre el 15 % de los depósitos. Es tal el descuadre que, si se tratase de cualquier otro banco, su gerente y directivos estarían con orden de captura.

Los desembolsos del crédito estarán condicionados al cierre de las brechas fiscales mediante incremento de impuestos y de los precios administrados, y el ajuste del sector público. Se rumora en forma recurrente que se incrementará el IVA (¿tres puntos?). El resultado de esta medida está por verse pues, si lo juzgamos por la experiencia pasada (cuando se subió el IVA a raíz del terremoto de Manabí) las recaudaciones podrían caer. Lo que sí es previsible es que incrementar el impuesto contribuirá a hacer más profundo el ciclo recesivo que encara la economía por culpa de la irresponsabilidad e ineptitud fiscal, y que, de no ser acompañado con otras reformas requeridas, dejará intacto el disfuncional régimen tributario que ha contribuido al desbarajuste económico.

Es diferente el caso de los combustibles. El Estado debe optar por salir de un negocio en el que pierde la mitad de lo que gasta, sostiene un subsidio regresivo, socialmente perverso, y caro al punto que los gobiernos que han ejercido el poder desde 1972 han literalmente quemado una tercera parte de los ingresos petroleros. Además, la actual arquitectura de distribución de derivados es caldo de cultivo para la corrupción, el oligopolio, y el engaño a los consumidores. Utilizar, como lo propone la Proforma de 2019, $4.000 millones que no existen para alimentar un apetito por combustibles que es asimétricamente repartido es una blasfemia económica.

Dada la ideología presidencial y la evidencia acumulada en año y medio, es de esperar que el gobierno de Moreno (a) optará por subir el IVA y dejará el resto del mamotreto tributario intacto; (b) hará un ajuste distorsionador e ineficiente en el tema de los combustibles sin abandonar el actual esquema de comercialización; y (c) incumplirá las condiciones referentes a la reducción y reforma integral del Estado. De ser ese el desenlace podremos concluir que un acuerdo con el FMI que no sea parte de una política económica bien concebida correrá el destino de los doce acuerdos fallidos que se suscribieron en el tiempo. Tal fracaso nos legará más descalabros y le dará la oportunidad al innombrable para desenterrar su retórica populista y exclamar que ese es ¡otro resultado de la política neoliberal!