La pelea entre el taxismo y las plataformas digitales de transporte continúa. El 13 de julio Quito y Guayaquil se despertaron con una noticia que dominaba las redes sociales: Uber, la gigante de servicios de transporte privado, entra al ring y decide empezar operaciones en el Ecuador.

El contraataque de la ATM no se hizo esperar. En horas de la mañana publicaron una advertencia en su Twitter: Uber “debe trabajar de acuerdo a las leyes de tránsito y usar taxis formales”. El golpe es particularmente grave considerando el embate que la Unión de Taxistas de Guayas, que conglomera a las cooperativas que prestan el servicio, propinó a las plataformas en días pasados cuando manifestó que “compañeros (taxistas formales) que se presten para estas empresas (plataformas digitales) serán destituidos”. La respuestas de la ATM y el sabotaje de la Unión parecen condenar a Uber al knock-out antes de poner un pie en el cuadrilátero.

A todo esto, la pregunta que nos hacemos los espectadores es: ¿Dónde está el árbitro? La Superintendencia de Control del Poder de Mercado es la institución llamada por ley a cuidar el proceso competitivo en los mercados. Correspondería a ella intervenir, sobre todo, en un caso en el que visiblemente se quieren poner barreras de entrada insuperables a nuevos competidores.

En otros países, las autoridades de competencia han tomado posiciones activas con miras a impedir las restricciones anticompetitivas que han generado los gremios de taxis. Ejemplos importantes son la reciente demanda de la CNMC de España en contra de ciertas regulaciones, o el pronunciamiento de la CFCE de México recomendando a las autoridades no impedir entrada de servicios. Sin embargo, en nuestro país el árbitro parece haber optado por abandonar el ring y dedicarse a controlar los precios del bar, mientras los luchadores de un bando arremeten tramposamente contra el otro.

Esteban Pérez Medina