Silencio, amenazas y presiones. Ese es el escenario que rodea el caso de concusión que involucra a funcionarios y exfuncionarios del Ministerio del Interior. Dos de ellos trabajaron de cerca con José Serrano y Gabriela Rivadeneira, actuales presidente y expresidenta de la Asamblea Nacional.

EXPRESO buscó, por distintos medios, la versión de ambos funcionarios pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Los investigados por asociación ilícita “en el grado de concusión” son María Paula Christiansen, excoordinadora administrativa financiera del Ministerio del Interior durante la gestión del exministro Serrano; y David Yépez, exasistente de Rivadeneira. Actualmente Yépez es el gestor de la Casa de la Asamblea en Pichincha. Ayer, en el portal Ecuadorinmediato, Rivadeneira destacó que malintencionadamente “se ha querido involucrar a otros actores políticos que nada tienen que ver en este caso”.

Reconoció que conoce a Yépez porque fue coordinador de juventudes de Pichincha de la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), organización de la cual es parte la vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña. Aseguró que él “tendrá que explicar cuál es su rol en esto y que el sistema de justicia tendrá que clarificar”.

Christiansen, según las investigaciones de la Fiscalía, dispuso la compra de caballos, de bienes para Yachay EP, entre otras adquisiciones. Ella salió del país poco tiempo antes que se dispusiera su detención con fines investigativos. El ministro del Interior, César Navas, reiteró que cuando Christiansen dejó el país no existían impedimentos para su salida. Sin embargo, se investigará si hubo fuga de información.

Sobre el exesposo de la investigada, Eduardo Naranjo, también mencionado en el caso, el ministro indicó que hubo un procedimiento en el aeropuerto y no se lo pudo detener por falta de un documento.

La semana pasada la fiscal Claudia Romero formuló cargos para el exasesor de Rivadeneira y dos funcionarios del Ministerio del Interior y la esposa de uno de ellos: Byron Zúñiga, Boris Platonoff y

María Escobar. Ni Christiansen ni su exesposo recibieron cargos. De Zúñiga, el ministro informó que se encontraba en comisión de servicios y de Platonoff que era de libre remoción. Anunció que ambos dejarán sus cargos. En la formulación de cargos la fiscal también denunció amenazas y presión política para excluirlos del caso.

La supuesta red de corrupción habría pedido comisiones y ofrecía beneficios a los contratistas. Fue la triangulación de llamadas la que evidenció el ilícito. La fiscal Romero indaga, además, la adquisición de caballos para la Policía, la compra de chalecos, municiones, vehículos y cambio de kilometraje de vehículos.

Funcionarios investigados

En el distributivo de la Asamblea, correspondiente a 2013-2017 aparece en el número 507 como asistente de la asambleísta de PAIS Gabriela Rivadeneira. En el Biess fue asistente administrativo de la Unidad de Crédito Hipotecario. Fue trasladado al IESS Portoviejo y regresó hasta 2015 al IESS en la Villaflora, sur de Quito. En la audiencia de formulación de cargos dijo que fue pedido como asistente de Rivadeneira y que gana 1.394 dólares.

En 2013 fue directora técnica en el Ministerio de Recursos no Renovables. En 2015 coordinadora administrativa del Ministerio del Interior en la administración de José Serrano. A junio de 2017 era gerenta administrativa y financiera de Yachay EP que aprobó la reapertura de la importación de equipos de laboratorio por cuatro millones de dólares. En 2015 revisó la calidad y prueba balística de chalecos externos para GIR, GOE, GEMA en Dubái.