Entre las múltiples paradojas que vive el Ecuador una es claramente ostensible: la crisis que afecta todos los ámbitos de la vida nacional requiere respuestas serias, profundamente meditadas; no están los tiempos para la improvisación pero, y allí reside una contradicción fundamental, las requiere con prontitud, con urgencia.

Cuando ya pasaron los clásicos cien días que una norma no escrita, heredada de la tradición anglosajona, le concede como período de tregua a los nuevos gobiernos, ahora se está exigiendo la toma de medidas en el campo de lo económico, lo político y lo social.

Como justificación de la inercia relativa con que se está procediendo, tendría el Gobierno la de señalar que solo recientemente se ha logrado conocer cifras confiables sobre la real situación fiscal y que con base en ellas se ha elaborado el nuevo presupuesto y se han decidido medidas de austeridad que, al decir de los entendidos, no bastan.

Por el estilo, frente a las evidencias de que la independencia en la administración de justicia dejó de existir en la década pasada, y tampoco era respetada en las previas, el nuevo gobierno ya debería haber exigido las sanciones correspondientes o intervenido con una propuesta para garantizar ese mandato constitucional. El que, y eso está muy bien, haya decidido no interferir en el desempeño de las otras funciones del Estado, no lo libra de la responsabilidad de garantizar que se desenvuelvan con estricto respeto a lo consagrado en la Carta Magna.

Mientras tanto, el amplio respaldo a la Función Judicial, otorgado casi que como certificado de buena conducta al presidente del Consejo de la Judicatura, establece una flagrante contradicción con las denuncias que por parte de múltiples funcionarios de dicha Función se continúan realizando.

Así, con voluntad teórica de no intervenir en las otras funciones del Estado, situación que las desestabilizaría en su respetabilidad, no se asume que la neutralidad requerida involucra también no otorgarles respaldo público cuando sus actuaciones están siendo motivo de escrutinio.

En todo caso, cuando se continúa incentivando el debate sobre una posible consulta popular, no cabe que se siga manejando el tema por entregas, estimulando todo género de especulaciones y hasta propuestas peregrinas alejadas de toda posibilidad.