Semana crucial para sacar del limbo el juicio de la Judicatura
Asambleístas analizan tres escenarios para reactivar una posible censura. La reconsideración de la votación es una de las alternativas que se manejan.
Un vacío que se repite ocho años después. Los asambleístas Raúl Tello (de Unidos por Pastaza) y Esteban Bernal (de CREO) buscarán reactivar, desde varios escenarios, el juicio político en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ).
Esto luego de que el viernes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no consiguieron los votos para llevar al estrado del Legislativo a los funcionarios, pese a que el borrador del informe de esta comisión recomendaba continuar con el proceso.
A favor se pronunciaron seis legisladores: Daniel Mendoza y María José Carrión de Alianza PAIS (AP), el socialcristiano Luis Núñez, Homero Castanier (CREO), Jimmy Candell (del Movimiento Peninsular) y Tello.
Se abstuvieron cinco: Hermuy Calle, Sofía Espín y Lira Villalba, del correísmo, la socialista Silvia Salgado y Euro Torres, quien es el alterno de Kharla Chávez (AP).
La gran ausente fue la oficialista Karla Cadena. En ella se centra ahora la primera opción para destrabar el tema. Tello pedirá que la comisión sesione de inmediato. Propondrá la reconsideración de la votación y exigirá que asistan los 12 asambleístas que la conforman.
Los promotores del juicio político consideran que si Cadena vota a favor o en blanco, en ambos casos se sumaría a la mayoría y se lograrían los siete votos para seguir con el juicio político. Si se abstiene habría un empate que sería resuelto con el voto dirimente de Carrión, que es la presidenta de la comisión.
El asambleísta Bernal le dijo ayer a EXPRESO que si esto no da resultados harán uso de un plan B: “acudiremos a la Constitución, que establece la facultad privativa de la Asamblea, no de una comisión, de llevar adelante los procesos de fiscalización. Por lo tanto, deberá ser el pleno el que decida”, explicó.
Pero el panorama no se presenta tan sencillo, si se toman en cuenta los antecedentes. En 2010 la Comisión de Fiscalización, integrada entonces por 10 legisladores, votó en igual proporción por llamar a juicio y archivar el proceso en contra del quien era fiscal general de la Nación, Washington Pesántez.
Las autoridades legislativas reconocieron que existía un vacío legal cuando no se lograban los votos ni para lo uno ni para lo otro. La posibilidad del juicio político fue a dar a una especie de limbo jurídico que, finalmente, impidió que se interpele al funcionario.
Si los dos planes fallan, Bernal recordó que la ley da plazo de un año para poder enjuiciar a los funcionarios públicos por su gestión. “Retiraré todos los elementos que han servido para poner pretextos y argucias en la votación y me centraré solamente en el informe de la Contraloría, en el que todo el mundo reconoce que cometieron irregularidades”, advirtió.
Hoy los dos asambleístas anunciarán cuál será la ruta que seguirán para que no se diluya su labor fiscalizadora.
Las decisiones sobre la hora
Ayer trascendió una resolución del Consejo de la Judicatura con la que declara prescritas 196 acciones disciplinarias porque, supuestamente, vencieron los plazos para su análisis y sanción.
Esta acción se produjo a pocos días de que el Consejo de Participación Transitorio ratifique o revise la decisión de cesar a sus vocales.
CRONOLOGÍA
18/04/2018
Tello y Bernal presentan la solicitud de juicio con el apoyo de 60 legisladores.
07/05/2018
El Consejo de Administración Legislativa da luz verde al proceso de juicio.
30/05/2018
El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, comparece ante la comisión.
08/06/2018
La Comisión de Fiscalización no logra los votos para seguir con el juicio político.
