Seis detenidos en las protestas del Montufar seran juzgados por ataque
Todos fueron liberados, pero no se librarán de la sanción. Los 20 estudiantes del colegio Montúfar, de Quito, que fueron detenidos el martes se presentaron ayer frente a los jueces. Su edad marcó su suerte.
Ellos exigían que se anulara la reubicación de dieciséis profesores de esa institución. El Ministerio de Educación defendió la decisión asegurando que se sustentó en “criterios técnicos, académicos y planificados”.
Los seis jóvenes mayores de 18 años serán juzgados por el delito de ataque o resistencia. Las investigaciones tomarán un mes. Durante ese lapso, ellos no podrán salir del país y tendrán que presentarse semanalmente ante un fiscal.
Mariana Noboa, madre de uno de los aprehendidos, estaba en las afuera de la Unidad de Flagrancia. Ella contó que su hijo es estudiante de la Universidad Salesiana. Estaba sentada junto a la puerta de ingreso de la dependencia judicial y rezó para que el estudiante no vaya a la cárcel.
Su espera acabó cerca a las 13:30, cuando se anunció la decisión. Gonzalo Realpe, abogado de los detenidos, insistió en su inocencia. “Ellos no han cometido ningún delito. Lo único que han hecho es salir a una protesta y dar una opinión política pública”, dijo.
Un caso particular es el de un joven que, supuestamente, estaba en un cibercafé cuando la policía lo detuvo. Lo dijo Ciro Guzmán, otro abogado de los sospechosos. Según él, hay testigos que corroboran que el joven estuvo en ese local.
Carmen Illescas, madre del procesado, denunció que lo aprehendieron injustamente y que ahora está en una situación crítica. “Pongo las manos en el fuego por mi hijo. Es estudiante del colegio Montúfar, tiene 18 años”, apuntó.
Guzmán cree que, aunque el proceso continúa, existen las pruebas para que, en la audiencia preparatoria de juicio, haya un dictamen abstentivo.
Los otros 14 estudiantes detenidos, que son menores de edad, fueron sentenciados. La mañana de ayer llegaron a la Unidad de Menores Infractores para la audiencia de flagrancia.
“Pedimos la absolución total de nuestros muchachos. A mi hijo prácticamente lo cogieron dentro de la institución cuando veía el entrenamiento de la selección de fútbol”, mencionó el padre de uno de ellos.
Al final se conoció la pena: cumplirán trabajo comunitario por dos horas diarias durante tres meses y tendrán que pagar una multa de 700 dólares por los daños ocasionados.
Ayer ya no hubo protestas en los exteriores del colegio, en el sur de Quito. Únicamente un pequeño grupo llegó al plantel que estaba resguardado por la policía. ER/IGF
