Uno de los avances fundamentales en el progreso de las políticas sociales del Ecuador se dio con la creación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Institución emblemática al tiempo de fundarse, su diseño sirvió de modelo a otras entidades similares en el continente.

De entonces a nuestros días, su robustez financiera, pese a lo escaso de su cobertura de afiliación que fue creciendo mesuradamente al ritmo del crecimiento empresarial del país, se vio asaltada por dos situaciones: la tentación de ampliar cobertura sin garantizar el adecuado financiamiento, más con ánimo demagógico que de servicio, y la constante decisión de utilizarla como caja chica destinada a saciar el siempre grande apetito fiscal.

Así, la deuda del Estado con el Instituto se volvió impagable pero no por ello cesó el desangre o la condición de cliente cautivo cada vez que se realizó una nueva emisión de bonos destinados a mantener el gasto público.

Durante el gobierno anterior, esa manera de proceder no solo mantuvo su ritmo histórico sino que también se procedió a cercenarle fondos y hasta se llegó a desconocer deudas para seguir manteniendo la posibilidad de contraerla con otras instituciones sin sobrepasar los límites que la Constitución establece.

Ahora, el nuevo talante gubernamental ha dado lugar a que desde la Contraloría se establezca como deuda a la que el Estado mantiene con el IESS en razón de prestaciones cumplidas en el área de la atención de salud.

Sin insistir en las grotescas manipulaciones evidenciadas por el asunto en mención, cabe destacar la inercia con que el Ecuador reaccionaba frente a tamaños atropellos. El miedo o la conveniencia mantuvieron silentes a múltiples perjudicados por dicho aberrante comportamiento y ello pese a que la Constitución consagra en su artículo 372 que los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos a los del fisco... y que ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio.

Así, nadie quiso advertir que las reservas no eran superávits de libre disponibilidad y tampoco cuantificar la magnitud de la crisis que todo ello ha generado.

Cabe entonces, con celeridad, entregar a una comisión técnica-financiera de suficiente solvencia, la búsqueda.