La seguridad social ecuatoriana

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La seguridad social ecuatoriana

De un tiempo a esta parte, múltiples asuntos vinculados a la seguridad social de los ecuatorianos ocupan a los medios de comunicación colectiva y a los usuarios y administradores de ella.

Ocurre que pese a constar en el texto constitucional como un derecho irrenunciable de todas las personas, en la práctica ese ideal todavía se vislumbra remoto y, peor todavía, importantes conglomerados, tal cual el de los jubilados, sienten que las garantías que la Carta Magna les otorga empiezan a fallar por su base, al ponerse en riesgo su financiamiento.

Siendo que entre los principios que rigen la seguridad social figura el de la transparencia, bueno fuese que con absoluta claridad se pueda conocer la actual situación de una de las instituciones destinadas a brindarla: el IESS, a la fecha conmovido por una serie de manifestaciones de tensiones internas que, explicadas a medias, generan justificadas inquietudes entre los afiliados.

Así, por ejemplo, sacude la conciencia nacional que se pueda señalar, por parte del presidente de su directorio que: “el análisis de costos que significaba la derivación de pacientes a clínicas privadas también reveló que mientras un 20 % de los casos atendidos en el IESS presentaba algún tipo de complicaciones, en los centros privados llegaban al 80 %.”

No es menor todo lo que tamaña declaración involucra. Mínimamente se puede deducir que dichos centros no tienen la calidad de instalaciones requeridas para garantizar la reducción al mínimo de las complicaciones.

No cabe ni siquiera suponer que estas se propician para extender el tiempo de permanencia de los pacientes, poniendo en riesgo su vida con ánimo de obtener mayor lucro; pero no faltará quien lo suponga, dada la generalización de la declaración comentada, que bien merece una aclaración pública de parte de las instituciones involucradas.

Igualmente es necesario que se conozca un pronunciamiento formal respecto de las objeciones del vocal que representa a los empleadores privados en el seno del Consejo Directivo, en relación a la construcción de nuevos hospitales.

Entre tanto, cabe recordar que los ecuatorianos gozan del derecho, al tiempo que responsabilidad, de fiscalizar los actos del poder público.