La seguridad privada toca fondo con el Estado

  Actualidad

La seguridad privada toca fondo con el Estado

Social. Los representantes resaltan que el problema más que económico es social, porque al quebrar despedirían a más de 60 mil guardias.

Agrupación. La Anesi agrupa a 90.000 guardias privados, la mayoría empleada por el sector público.

Las empresas de seguridad privada que prestan servicio a instituciones del Estado dicen estar al borde de la quiebra, por falta de pagos por parte del Gobierno.

El mayor Miguel Guzmán, secretario del directorio de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral (Anesi), lo confirma.

“El Estado le debe más de dos, tres, cuatro y hasta cinco meses por el servicio de seguridad que estamos dando...”, dijo el oficial en una rueda de prensa que ofreció -la mañana de ayer- junto con los abogados Héctor y Ricardo Vanegas, quienes anuncian demandas legales.

Según Guzmán, a nivel nacional les adeudan más de 70 millones de dólares.

En Guayas son más de 30 empresas las que exigen el pago. Cerca de 20.000 guardias a nivel provincial que estarían impagos.

“La parte económica es supremamente crítica. Son cientos de millones al año que facturan con la seguridad privada...”, detalla Héctor Vanegas.

El jurista indicó que en caso de que no se les pague lo más pronto demandarán por la vía contenciosa para que les cancele con los intereses legales, los intereses de mora y los daños causados.

Ricardo Vanegas asegura que lo único que reciben como respuesta es que “no hay plata”.

La situación ya les ha generado demandas laborales, por la falta de pago a trabajadores.

“El empleado se acerca al Ministerio de Trabajo y el inspector nos da cinco días para demostrar que el señor está al día con sus haberes. Si en cinco días no presentamos toda la documentación que nos pidió el inspector, nos multan de dos salarios básicos a 20... o sea, aquí hay que pagar. ¿Pero dónde están nuestros derechos?”, pregunta Martín Salvatierra, gerente de la empresa Empriseg-Guayas.

Asegura que en su caso, les deben todas las empresas del Estado, alrededor de 7 meses.

“Tengo casi 400 empleados. Hemos tenido que desemplear y los muchachos están inconformes porque se les debe y la culpa no es de uno, sino del Estado por irresponsable”.

Jorge Villacreces, presidente nacional de Anesi, señala que han propuesto hacer un cruce de cuentas como alternativa de pago. “Si nosotros estamos siendo glosados por el Seguro Social, tenemos que obviamente pagar al SRI, lo que significan los impuestos, por qué no cruzamos las cuentas con el mismo Estado”, propuso.