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Seguridad: el Gobierno solo no es suficiente

Legisladores de todas las tendencias coinciden: la participación de municipios se ha vuelto necesaria

Momento para el debate. El robo a clientes de instituciones bancarias, dentro de centros comerciales de Guayaquil, otrora considerados búnkeres de una ciudad insegura, sirve de excusa para repensar si el Gobierno Nacional, que se atribuyó en la última década la competencia exclusiva y, más aún, expulsó a municipios como el de Guayaquil de las mesas de coordinación de seguridad, debe seguir con el modelo. En concreto, si su tarea en solitario basta.

La percepción ciudadana lo deja en duda, aunque las cifras oficiales más recientes registren una baja del 19 % en el robo a personas durante el último año, según el Ministerio del Interior, que no respondió a los pedidos de EXPRESO sobre sus acciones específicas y resultados para hacer frente a los nuevos desafíos de seguridad en Guayaquil o si, en base al diálogo propuesto por el Ejecutivo, es posible que la Administración de la ciudad pueda volver a la mesa de seguridad, una opción que, confirmó ayer a EXPRESO la vocería de Jaime Nebot, está abierta.

La decisión del expresidente Rafael Correa de expulsar a los municipios de las competencias exclusivas del Gobierno se ha mantenido incuestionada durante la última década. Al menos hasta ahora.

Las conversaciones en grabadora de este Diario con legisladores de todas las bancadas políticas en la Asamblea Nacional, dejan claro que la vieja pugna entre el Gobierno central y los locales, dejando a un lado el interés ciudadano, podría ser condenada al cajón de los recuerdos.

El socialcristianismo, representado por Henry Cucalón de la comisión de Estructura del Estado, recrimina al “correísmo por haber renegado de la cooperación, sin tener la competencia, del municipio de Guayaquil y la empresa privada”. Pero cree que la suma de acciones entre los distintos actores pueden volver a abrirse caminos contra “un verdadero enemigo, como en este caso, la inseguridad”.

Guillermo Celi, de la alianza SUMA-CREO, en la misma línea, cree que su comisión (de Gobiernos Autónomos) debe abrir espacio “para una reforma que precise, más allá de la voluntad política, la obligación de integrar en las mesas de coordinación a los municipios” en materia de seguridad. Celi, como otros, apunta que la simple y optativa voluntad política en temas sensibles perjudica al ciudadano.

Pero no es una lectura fresca desde la oposición. Pues, aunque todos reconocen la competencia del Gobierno central en el tema, incluso en el oficialismo se muestran dispuestos a valorar la medida. “Todas las leyes deben modificarse para adaptarse a los nuevos tiempos. Y la ciudadanía requiere cooperación de sus autoridades”, asegura el verdeflex Hermuy Calle, de la comisión de Seguridad Integral.

Una reforma, por supueto, acabaría con las consecuencias de un capricho que truncó la cooperación, pero ninguna bancada la reconoce prioritaria en su agenda. De momento, la seguridad en ciudades como Guayaquil sigue dependiendo de la voluntad de los políticos.

Las reacciones

Henry cucalón, PSC

No solo lo dispone la ley, sino la lógica

“Los distintos niveles de Gobierno deben coordinarse. No solo por la ley, sino por la lógica. El marco legal está allí y la voluntad de servir también. Es cuestión de materializar hechos concretos, estableciendo parámetros para la colaboración”.

Guillermo celi, SUMA-CREO

La cooperación debe ser una obligación legal

“Aunque es una competencia exclusiva debe existir la cooperación. Y debe ser obligatoria. Porque aunque debería de nacer por voluntad política, es momento de una reforma que permita a los municipios a colaborar con el Gobierno”.

Hermuy calle, PAIS

La seguridad puede alentar la autonomía

“Creo que lo de la competencia exclusiva puede valorarse. Porque obviamente la seguridad puede impulsar los procesos autonómicos, puede ser una oportunidad. Claro, habrá que evaluar las ventajas o no. Como en materia de tránsito”.

El contexto

La ruptura, una pelea política

Fue un capricho. Cuando el Gobierno Nacional expulsó de la colaboración en seguridad a municipios como el de Guayaquil, durante su primer período, no disimuló las intenciones políticas.

De hecho, en 2008, durante un discurso de rigor en la ciudad, acusó al alcalde Jaime Nebot de formar parte del “grupo de alcaldecillos que quieren imponernos la política de seguridad”, dijo. Y a punto seguido, en su línea: “Que vayan a imponer a su casa”. Eso fue todo.

El Municipio, en seguridad y otras competencias, fue impedido de cooperar.