El plan integral de seguridad interna, diseñado por la Universidad de Guayaquil, está en espera. La institución no tiene los recursos económicos para implementarlo.

Roberto Passailaigue, rector y presidente de la Comisión Interventora y Fortalecimiento Institucional (CIFI), pidió ayer al Ministerio de Finanzas que entregue los $ 17’000.000 que adeuda a la institución para poner en marcha en un plazo de cuatro meses este plan que, en su primera etapa, costaría cerca de $ 700.000.

Además, analiza la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con la empresa privada para hacer realidad lo anunciado.

El plan de seguridad interna es parte de la situación de emergencia en los ámbitos ciudadano jurídico y financiero, dispuesta el 29 de mayo pasado por el Consejo Superior Universitario, tras la detonación de un artefacto explosivo que causó daños en tres vehículos en el parqueadero de la Facultad de Ciencias Médicas.

La propuesta contempla la instalación de torniquetes y plumas en cuatro puertas de entrada a la ciudadela Salvador Allende, entrega de credenciales para estudiantes, profesores y empleados, colocación de cámaras conectadas con el sistema ECU-911 y la reestructuración de la unidad interna de vigilancia.

La falta de recursos retrasa el reordenamiento de los comerciantes, que también está contemplado en el plan de seguridad. Muchos vendedores trabajan de manera irregular y ocupan predios de la universidad sin cancelar sus arrendamientos. Otros aseguran que están al día con el arriendo.

El rector otorgó un plazo de 48 horas para que las personas que estén autorizadas en legal y debida forma a ocupar espacios al interior de la universidad para cualquier tipo de negocios, venta, prestación de servicios, etc., presenten en la Dirección Administrativa el justificativo correspondiente que acredite la legalidad del uso, caso contrario serían desalojados.

El plazo concluyó el miércoles pasado y solo 40 comerciantes han entregado supuestos contratos privados efectuados hace seis años que no justifican la tenencia legal.

“En este momento ningún vendedor ni persona está legalmente autorizado a funcionar. Hay aulas en las facultades que son ocupadas por fotocopiadoras, comedores que alguien alquila, pero que la universidad no sabe a quién le paga y a dónde van esos recursos”, dijo Passailaigue, quien explicó que el tema de desalojo de los comerciantes irregulares tiene que ser complementado con los procesos de seguridad que se implementarán.

Entre los comerciantes reina un ambiente de incertidumbre. Algunos muestran facturas del pago de arriendo realizado a finales de mayo de este año; y otros guardan contratos de funcionamiento que caducaron en el 2014, pero que pesar de ello están al día en sus cuotas. Algunos acudieron ayer a la ventanilla 6 de recaudación para cancelar sus deudas.

El objetivo

Se buscará legalizar a vendedores

La idea de los directivos de la Universidad de Guayaquil es dotar a los comerciantes de espacios higiénicos y materiales necesarios para que puedan ofrecer un mejor servicio. “No es posible que cualquiera venga con una carreta antihigiénica y se ponga a expender. Entendemos que hay personas con mucho tiempo trabajando ilegalmente, veremos cómo se los legaliza, pero deberá estar al día con la universidad”, manifestó Roberto Passailaigue, rector de la entidad.