Los sectores salpicados con corrupcion
La Contraloría General ha establecido glosas por casi 900 millones de dólares. Estos son proyectos en los que se han detectado mayores anomalías.
Las secuelas de la corrupción se sienten en más de un campo. Los informes de la Contraloría General del Estado, emitidos y aprobados durante el año pasado, muestran responsabilidades civiles, administrativas y penales que señalan a exministros y funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa. Incluso él aparece en la lista de involucrados. El reporte final del ente de control evidencia que no hay sectores donde no haya alguna anomalía heredada por la administración anterior.
En total, durante 2018, la Contraloría General envió 265 informes con responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado. Esos documentos son parte, en su mayoría, de procesos legales que podrían terminar con una sentencia por delitos de corrupción.
EXPRESO resumió los principales sectores donde se detectaron irregularidades de la administración pública. Destaca, por ejemplo, el uso de los recursos generados por la contratación de deuda pública.
También se resaltan las obras adjudicadas con sobreprecios y fallas en sectores estratégicos y en el IESS.
La mira en Correa
Es uno de los casos que más efecto judicial ha tenido. La administración de la deuda pública, durante el gobierno de Rafael Correa, es cuestionada por la falta de respaldos y documentos, montos excesivos e indicios de corrupción. La Contraloría, luego de un examen que contó con una veeduría ciudadana, determinó que el exmandatario -y su equipo de ministros- manejó a su antojo los recursos.
Solo en 2018, la Contraloría aprobó 20 informes que daban cuenta de las irregularidades en el manejo económico del correísmo. También dio luz verde a cuatro informes con indicios de responsabilidad penal en contra de Correa, Patricio Rivera y Fausto Herrera.
La Dirección Nacional de Auditoría deuda pública y finanzas de la Contraloría determinó que la afectación fue causada porque Correa, sin argumentos técnicos ni respaldos legales, declaró reservada a una parte del endeudamiento. También ocultó los compromisos por pagar por preventas de petróleo atadas a préstamos y desapareció de los registros contables parte de las obligaciones del Estado.
La dirección también analizó acciones del Banco del IESS.
Los sectores estratégicos
En sectores estratégicos, también hay irregularidades millonarias. Sobre el tema se aprobaron 48 informes generales y 20 informes con indicios de responsabilidad penal.
Se destacan los contratos para la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca con Norberto Odebrecht y la fiscalizadora. No se aplicaron soluciones que eviten deslizamientos de taludes y la presencia de fisuras, grietas y asentamiento de las obras civiles. Los daños ascienden a 19 millones de dólares que ponen en riesgo el funcionamiento del proyecto. Odebrecht tampoco solucionó 107 pendientes, “ocasionando que el poliducto no funcione en toda su capacidad”.
Petroecuador tampoco cumplió con la supervisión de la obra durante el gobierno anterior. “Se desconoce si los consultores cumplieron el objeto del contrato por 2 millones de dólares”.
Las promocionadas carreteras
La empresa estatal china Sinohydro no solo hizo una hidroeléctrica (Coca Codo Sinclair) con más de 7.000 fisuras. También estuvo al frente de la construcción o mantenimiento de diez proyectos viales que presentan fallas y anomalías técnicas. Según la Contraloría General del Estado, la entidad pública contratante (el Ministerio de Transporte y Obras Públicas) modificó precios unitarios por 29 millones de dólares, no cobró multas por 10 millones de dólares, pagó indebidamente 6 millones de dólares. “Sumándose en total un perjuicio para el Estado de 174 millones de dólares”.
La Dirección Nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria, de la Contraloría General, aprobó -durante el año pasado- cinco informes general. También envió a la Fiscalía dos informes con indicios de responsabilidad social.
Plataformas y su mal
EXPRESO publicó, en febrero, la serie de fallas que aún persisten en la Plataforma Gubernamental Financiera, que inauguró el expresidente Rafael Correa a días de dejar el cargo y el país. Según la Contraloría, “se efectuaron pagos sin sustento legal, se incumplió con lo estipulado en los pliegos y los cambios en los diseños originales ocasionaron pagos injustificados por 22 millones de dólares.
La Dirección de la Administración Central, que estableció multas por la Plataforma, también detectó corrupción en la adquisición de grilletes electrónicos que afectó al Estado en 10 millones de dólares.
La misma unidad determinó que la Vicepresidencia no realizó el registro y control adecuado de los préstamos para la reconstrucción.
Los locales fallan
Los casi 900 millones de dólares determinados por la Contraloría General del Estado como glosas y multas que el país debe recuperar no provienen únicamente del Gobierno central. Las prefecturas, municipios, juntas parroquiales y sus empresas públicas también tienen alertas de corrupción y manejo inadecuado. Se aprobaron 56 informes al respecto.
Tres temas llaman la atención: el Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, es un ejemplo. La obra no contó con estudios en la contratación y eso “originó un incremento en los costos por 75 millones”.
El Tranvía de Cuenca, en cambio, tuvo problemas por errores de gestión. Un caso similar al de la construcción de la Ruta Viva, carretera que conecta a Quito con su aeropuerto.
Una crisis en el IESS
Sobre el IESS, los auditores señalaron, según la Contraloría, “la ilegalidad de declarar reservados los estudios actuariales, impidiendo que la ciudadanía conozca la sostenibilidad de los fondos. Señalaron también que no se aplicaron las recomendaciones pendientes a garantizar el equilibrio financiero de los seguros y la reducción de los patrimonios de los fondos de pensiones y riesgos del trabajo”.
En el IESS también se permitió que medicamentos contra el cáncer y el VIH caduquen.
La lista de malas decisiones incluyó la injustificada contratación mediante régimen especial de equipos para hospitales como el de Los Ceibos.
Los funcionarios correístas contrataron préstamos pese a que la entidad tenía dinero.
