El sector de la construcción tiene un nuevo sobresalto. La aparente tranquilidad que había recuperado, con el anuncio de una posible derogación de la Ley de Plusvalía, se difumina con una disposición que pone en riesgo una mayor colocación de crédito hipotecario en el mercado.

Una resolución de la Junta de Regulación Monetaria Financiera, establece que a partir de enero del 2018 los bancos del país estarán obligados a tener una reserva del 100 % en el Banco Central, equivalente a la diferencia que existe entre el avalúo catastral municipal y el monto de crédito hipotecario que hayan concedido por algún bien. Es decir, si un bien inmueble está catastrado en $ 60.000 y sobre aquella propiedad hay una hipoteca de $ 120.000, las instituciones financieras deberán acumular una previsión de $ 60.000.

La reserva antes se hacía sobre el 80 %, pero este incremento deja perplejo a representantes del sector que ayer aprovecharon un desayuno de trabajo para alertar a María Alejandra Vicuña, vicepresidenta (e) de la República, sobre el impacto que esto tendría en la entrega del crédito hipotecario y en la recuperación del sector que en dos años ha visto caer en un 7 % su Producto Interno Bruto (PIB) y ver perder cerca de 100.000 plazas de empleo. “Creemos que esto será la muerte de los créditos hipotecarios porque los bancos con esto, sin duda, van a privilegiar otro tipo de operaciones”.

Vicuña, quien ayer cumplió en Guayaquil una agenda de promoción del programa Socio Vivienda, reconoció el efecto que esta medida podría tener en el sector de la construcción, más aún, dijo, cuando en el país no se ha trabajado en actualizar los catastros municipales. De ahí que se comprometió a extender esta preocupación al equipo económico del Gobierno para que esta medida sea revisada antes de entrar en vigencia.

Vicuña dijo estar gustosa de ser parte de este encuentro que esta vez nació por iniciativa del sector empresarial, que insiste en hallar nuevos canales de diálogo con el Gobierno. Con ese fin, unos 14 representantes de sectores de la construcción, pesca, turismo, industria, automotriz, comercio, agricultura y seguros, aceptaron la invitación de Wilson Galarza, gerente general de Autolasa, de ser parte de esta reunión para, en conjunto, expresar su apoyo a la Consulta Popular, que promueve la eliminación de la Ley de Plusvalía, pero también para reiterar algunos pedidos que tiene el sector productivo, y que tras el debate del proyecto de la Ley de Reactivación Económica, han quedado rezagados.

Bruno Leone, miembro de la Cámara de Pesquería, puso sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno encamine un verdadero proceso de simplificación de trámites que generan gastos y disminuyen la competitividad de sus actividades. Vicuña mencionó que este proceso forma parte de las políticas de cambio que seguirá impulsando el actual Gobierno y que se irá ejecutando por sectores. Para ello, pidió a los propios empresarios que ayuden a identificar y denunciar los trámites engorrosos.

La lista también incluyó la solicitud de revisar a la baja las tarifas eléctricas que paga la industria y el sector turístico y la necesidad de hacer un alto en la emisión de nuevas reglas que afecten la seguridad jurídica. “No solo seguimos con una tramitología que no solo que no se detiene sino que ya están pensando en sacar nuevas normas para controlar las importaciones”, dijo Jaime Cucalón, representante de la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA), en referencia a la actualización de reglamentos de calidad que el Ministerio de Industrias realiza en diversos sectores que, como ya lo anunció EXPRESO, también tocará al sector automotor.

Galarza espera que este encuentro pueda generar los efectos deseados. Destacó la disposición de los empresarios y de la autoridad para seguir impulsando el diálogo que, a través de los canales formales, “no ha generado mucho efecto”. Lo importante, dice, es seguir generando alternativas que permitan a los representantes del sector sentirse escuchados, pero también hallar soluciones concretas.