El secreto es la clave en la estrategia de defensa de los representantes de los grupos profamilia y los miembros de las Iglesias católica, evangélica y adventista, que acudirán hoy, a las 14:00, a la audiencia por la demanda de medidas cautelares que en su contra presentaron el jueves pasado los colectivos GLBTI, con el fin de impedir la marcha realizada el sábado.

La doctora Linda Arias, una de las defensoras, dijo que los nombres de los abogados y de los estudios jurídicos a los que pertenecen se mantienen en reserva para evitar los ataques de los demandantes, cuyas amenazas han sido constantes.

EXPRESO conoció que varios estudios jurídicos pusieron a disposición de los demandados un total de veinte abogados, de los cuales cuatro serán los que acudan a la audiencia de hoy, por la acción presentada por los activistas Iván Carrazco, Cayetana Salao y Michael Fuertes. Ellos, en representación de varios colectivos minoritarios, acusan a las Iglesias y al Frente Nacional por la Familia de incitación al odio contra la homosexualidad con la marcha contra el proyecto de ley para erradicar la violencia contra la mujer, cuyo lema fue ‘Con mis hijos no te metas’.

Monseñor Eugenio Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, dijo a este Diario que recién hoy, durante la audiencia en el tribunal de Garantías Penales de Quito, conocerá a su abogado. Los monseñores Luis Cabrera y René Coba, vicepresidente y secretario de la Conferencia, tampoco saben quiénes defenderán al grupo de siete demandados, entre los que están ellos. Los otros son los pastores adventistas Freddy Guerrero y Jaime Cornejo, y los pastores evangélicos Fernando Lay y Eduardo López, que no han confirmado si acudirán a la audiencia o si solo irán sus abogados. Una de las razones, contó una fuente cercana a ellos, es que quieren evitar enfrentamientos con los grupos GLBTI que sospechan que se apostarán en los exteriores del tribunal, como ya lo hicieron el martes, durante la rueda de prensa que ofreció el Frente Nacional por la Familia en Quito.

Los demandantes tampoco tienen abogado para este caso que ha puesto sobre el tapete el debate sobre la identidad de género. Ellos, dijo la asambleísta Diane Rodríguez, pedirán la asistencia legal de un defensor público durante la audiencia.

Esta demanda contra las Iglesias, por el debate de género expuesto en las calles a través de marchas de protestas, es un hecho inédito en la historia de los tribunales ecuatorianos.

Los dos grupos están enfrentados por un proyecto de ley para erradicar la violencia contra la mujer, en el que inicialmente se incluyeron aspectos que tocan la identidad de género, en la que unos la apoyan y otras la rechazan.

El abogado guayaquileño Juan López, experto en derecho de familia, dijo que con la demanda de una acción de medidas cautelares lo que se intenta es que un juez disponga el cese de la acción que se esté realizando o se vaya a realizar.

En este caso, los activistas de los grupos GLBTI (Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex) reconocen que la intención del pedido de medidas cautelares era impedir la marcha realizada el sábado pasado.

López asegura que el caso es complejo porque ambos grupos se respaldan en el derecho constitucional que tienen, por un lado de expresarse libremente y de protestar y, por otro, el de presentar demandas cuando sienten que sus derechos son violentados. “Los jueces tienen una papa caliente en sus manos”, expresó.