“Monitoreo de todos los medios de comunicación que son opositores al presente Gobierno”. Esa era una de las tareas asignadas por la Secretaría de Comunicación (Secom), dirigida por Fernando Alvarado, al ‘técnico en audiovisuales’ contratado en 2014 para el Enlace Ciudadano, que se transmitió en el Gobierno de Rafael Correa. Víctor Hugo Erique Sarango trabajó entre mayo y diciembre de ese año y estuvo asignado a Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. Cobró 12.000 dólares más IVA.

La sui generis tarea asignada al ‘técnico audiovisual’ no es la única novedad en su contratación: los auditores de la Contraloría sospechan que en esa contratación, así como en la que se hizo para una consultoría con la empresa Sartre Comunicación Integral Cía. Ltda., se pudieron haber cometido delitos. El 6 de febrero envió un informe con responsabilidades penales a la Fiscalía.

Ese documento es un ‘adelanto’ del informe de la auditoría general acerca de los gastos y los contratos de los enlaces, que está en ejecución.

¿Cómo fue la vinculación del técnico?

En mayo de 2014, la dirección de Talento Humano de Secom confirmó que él tenía los requisitos mínimos de educación y experiencia... Aunque no hay documentos que respalden esa afirmación.

El funcionario contratado era bachiller en Ciencias Químicas, había trabajado en Radio Ciudadana, en la Secom y en la Presidencia. Tenía, además, un certificado suscrito por Carlos Bravo Segovia, gerente de la empresa Gota Azul Producciones y hermano de Marco Antonio Bravo Segovia, entonces subsecretario de Medios Institucionales de la Secom.

Este último era el encargado de cerrar la contratación. Gota Azul, por su lado, tenía un contrato de 189.000 dólares con la Secom para producción de documentales, cadenas y reportajes.

Cuando empezó a trabajar el nuevo ‘técnico audiovisual’ puso manos a la obra en el monitoreo a medios como Ecotel TV y las radios Luz y Vida, y Satelital. Pero no solo eso, también “se infiltró” en la marcha indígena de julio de 2014 para recabar información de interés, aseguró.

Siguió de cerca, además, el caso del exlegislador Cléver Jiménez y dio seguimiento al programa ‘A quemarropa’ del periodista Carlos Vera. Algunas de esas tareas se hicieron por pedido, por autorización o por orden de Carlos Bravo.

Los resultados se enviaban a Bravo (que los usaba en sus propios productos) y a la Secom para el pago. La Contraloría sospecha de una “duplicidad de pagos”. El “servicio técnico especializado”, dice la entidad de control, no se justificó ni se usó en los enlaces ciudadanos. Erique Sarango falleció el pasado mes de enero en un accidente de tránsito, en Loja.

El otro caso sobre el que pesa una sospecha penal es de 2013 e implica un egreso de 52.000 dólares. En el contrato con Sartre se configuraría la falsificación de documentos, advertida por el contralor Pablo Celi la semana pasada. Otra vez uno de los protagonistas es Marco Antonio Bravo, quien fue separado de los medios públicos el viernes.

En julio de 2013 la empresa de comunicación presentó una oferta de consultoría para el mejoramiento de los enlaces. Ese documento no especificaba qué productos debía entregar. Al final, la Secom recibió un diagnóstico, entrevistas a profundidad, una revisión de fuentes, estudios de rating, así como notas de prensa sobre los enlaces y su impacto.

Bravo justificó el contrato asegurando que era indispensable que la calidad del material audiovisual fortalezca la política del Gobierno y sea transmitido con calidad.

¿Dónde estuvo el problema?

Aparte de que el proceso contractual adoleció de fallas (se hizo sin justificación técnica o sin certificación presupuestaria técnica), nadie sabe quién firmó el acta de entrega-recepción de los productos. Ese documento no fue impreso en hoja membretada de la Secom y tiene la firma de Bravo. Solo que él asegura que no lo suscribió.

Al final, tampoco hay evidencia de que esa consultoría haya sido usada para mejorar los enlaces. Por estos dos casos, la Contraloría señaló a nueve personas: seis exfuncionarios de la Secom y tres proveedores. Pidió a la Fiscalía la apertura de una investigación.

Lo ve como responsable, a pesar de las delegaciones

Fernando Alvarado fue secretario de Comunicación entre junio de 2013 y noviembre de 2015. También fue, durante toda una década, uno de los hombres más cercanos al expresidente de la República Rafael Correa.

En septiembre de 2013, él firmó un acuerdo delegando algunas tareas administrativas a su subsecretario nacional de Comunicación. La Contraloría, sin embargo, cree que Alvarado, como responsable de todos los actos y contratos realizados en la Secom, también debe responder ante la justicia.