Un derecho que no gozarán y una obligación que incumplirán. Según el artículo 11 del Código de la Democracia, en el país, el voto es obligatorio para las y los ecuatorianos mayores de 18 años, incluyendo a las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Dicho esto, y faltando cuatro días para que se celebren los comicios seccionales en el país, donde no solo se elegirán a dignidades como alcaldes, prefectos, concejales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino que también se efectuará una consulta popular que contiene ocho preguntas, la Delegación Provincial Electoral del Guayas del Consejo Nacional Electoral informó que de los 2.280 personas privadas de la libertad habilitadas para votar en Guayas, solo ocho cuentan con cédula de identidad: “Son cinco centros carcelarios, de los cuales, en los cuatro primeros, ninguno tiene cédula. El último, que es el más grande, la Penitenciaría, están por confirmarnos. Pero nos dijeron que 6 u 8 personas tenían el documento”, explicó John Gamboa, director de la Delegación del CNE en Guayas.

Hasta diciembre de 2022, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) reportó que en el país habían 30.730 personas privadas de la libertad. De las cuales, 12. 687 no tenían sentencia hasta esa fecha. En este sentido, es este último número de personas las que deberían ejercer su derecho al voto pero, ante la falta de cédula, no podrán por ser un requisito obligatorio, según el CNE. Para Patricia Echeverría, directora zonal del Instituto de la Democracia, este ‘problema’ tuvo que resolverlo a tiempo el SNAI, porque asegura que el “CNE no puede estar pendiente de cuántos de ellos tienen cédula, porque no hay que olvidar que cuando una persona ingresa al centro carcelario, el custodio es el SNAI”.

Este Diario solicitó al equipo de comunicación del SNAI cifras sobre cuántas personas privadas de la libertad en el país están habilitadas para votar, al no tener una sentencia ejecutoriada, y cuántos de ellos tienen cédula de identidad para sufragar, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Que el CNE en Guayas haya informado, a cuatro días de las elecciones, que hay un grupo de personas privadas de la libertad que no podrán sufragar por no tener cédula, es para Billy Navarrete, director del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos, una “muestra más de la negligencia del Estado y de la ausencia de información clara y detallada sobre las personas que están bajo su custodia. Es algo tan básico”.

Navarrete recalcó que este grupo de la población, ante la ley, solo está privada de su derecho al libre transito, “el resto de derechos, incluyendo su participación política como lo establece la Constitución del Ecuador, como acceso a la salud pública, educación y trabajo, deben estar garantizadas. Pero esto no es una realidad, es solo la evidencia de la falta de control del SNAI y del Gobierno”.

EXPRESO solicitó información al Registro Civil Nacional sobre por qué no se realizó la campaña de cedulación en los centros carcelarios de la provincia, como lo dijo el director de la Delegación del CNE en Guayas, pero hasta el cierre de este artículo el Departamento de Comunicación de la entidad refirió que se encontraban tramitando la solicitud de este Diario.

El escenario se traduce en una “violación flagrante a los derechos humanos”, según Walter Fernández, politólogo social y miembro del Foro Internacional de Mediadores Profesionales (Fimet), quien explicó que la falta de documentos de identidad en los centros carcelarios demuestra algo más que negligencia: “Esto es algo que se debe resolver pronto, no quedarse en el hecho y el olvido. Esto es parte de un protocolo que debería manejar el SNAI; ellos deben tener el registro de identidad, porque esto podría dar pie a otras situaciones. ¿Cómo sabemos quién es el que está dentro o si hay suplantación de identidad? Recordemos que esta contiene el código dactilar”.