Rafael Oyarte | No queremos inversiones
Mientras en Perú se construyó el megapuerto de Chancay con inversión extranjera, en Quito el metro se hizo pidiendo prestado
La inversión extranjera directa (IED) es la que hacen, con permanencia, compañías o personas en una nación distinta a la propia. En 2024 Perú recibió $ 16.000 millones de IED, el doble que en 2022, y Colombia 14.200, 2.500 millones menos que en 2023. En nuestro país la IED es, comparada con los vecinos, inexistente: 232 millones, no llega ni al 2 %. ¿Por qué nuestro país no es objetivo de inversores extranjeros? Porque no existe seguridad jurídica, concepto que a los ecuatorianos nos parece trivial. Para que se cumpla ese principio se requiere estabilidad y claridad en las normas y voluntad de que sean, en todos los casos, cumplidas.
Un país que cambia permanentemente de normas hace que su destinatario no pueda conocer cuál será su condición en un futuro razonable. Un inversor debería saber qué tributos causará su actividad en Ecuador y cuáles serán sus costos generales, como el pago a trabajadores. A quien desea invertir se le puede informar que una compañía debe pagar 25% de impuesto a la renta, pero no sabemos si, como ha ocurrido, se impondrán ‘contribuciones extraordinarias’, gravando otra vez las mismas ganancias por las que ya tributó. ¿Habrá impuesto a la salida de divisas? Entre que lo suprimen, reimplantan y varían no acabamos nunca. Eso cuando no se le ocurra a un municipio imponerle una tasa por su actividad o porque el propio Estado se la ingenia para aplicarle esas normas a su gusto y color.
Mientras en Perú se construyó el megapuerto de Chancay con inversión extranjera de $ 3.500 millones, en Quito el metro se hizo pidiendo prestado. La concesión, despreciada en Ecuador, tiene la ventaja de que el inversionista asume el riesgo económico y el jurídico (en caso de daños se demanda al inversionista, no al Estado). Ahí viene el problema adicional: ¿se respetan los contratos en Ecuador? Cada vez que el Estado concedente o contratante cree que su concesionario o contratista está ganando mucho, le cambia las reglas y le impone mayores regalías, le retira las ganancias extraordinarias o le crea nuevos tributos. Encima, tiene que ir a tribunales que no le generan confianza, en especial cuando el gobierno domina la judicatura y somete a sus jueces, sin que se permita arbitraje internacional.
Una próxima constituyente algo podría hacer, incorporando lo que en Perú se llama contrato-ley, del que trataré en otra columna.