Santiago Yepez: “Debe mejorar el control en mineria”

- La consulta de Girón, en la que se decidió detener la actividad minera en Kimsacocha, disparó las alarmas en el sector minero. Sin embargo, el Gobierno ha enviado varios mensajes tranquilizadores para ustedes. ¿Se sienten respaldados?

- Nos sentimos ahora respaldados. No nos sentimos tranquilos todavía. Lo que ha dicho el presidente en el mensaje a la Nación ha sido bastante claro: ha pedido a la Corte Constitucional que sea consecuente y coherente. Sobre la consulta popular realizada en el cantón Girón, vale indicar que la Corte Constitucional no se pronunció con respecto al fondo de la consulta, esto es: si llevar a cabo consultas populares locales en temas de interés nacional resulta inconstitucional. Creemos que las comunidades deben manifestarse en las formas prescritas en la Constitución y la ley, esto es: cuando existan comunidades ancestrales, a través de la consulta previa; y si no, en los procesos de difusión y participación social en los procedimientos de aprobación de las licencias ambientales.

- ¿Cuál es su próximo paso? ¿Van a presentar un recurso ante la Corte Constitucional?.

- El lunes la Corte Constitucional ha avocado conocimiento de un nuevo pedido de consulta en las provincias de Imbabura y Carchi, en la zona de Lita. Tienen 20 días para pronunciarse respecto a si la pregunta es o no constitucional. De alguna manera esto puede abrir la posibilidad de que la Corte determine finalmente que no es posible llevar a cabo consultas locales en temas de interés nacional, sobre todo si son restrictivos del Gobierno central.

- Pero la Constitución sí faculta a los gobiernos locales para hacer consultas populares.

- En temas de su competencia. No en temas mineros, que son competencia restrictiva del Gobierno central.

- Pero ¿y si se los plantea como temas ambientales? El cuidado de páramos y fuentes de agua, que es como se está planteando la consulta en el Azuay, ¿no es una competencia de los gobiernos locales?

- Discrepo. En todo caso, si van a ser las autoridades de la provincia del Azuay quienes ejecuten lo resuelto en la consulta popular, también deberán ser ellas quienes, por derecho de repetición, tengan que cubrir aquellos valores que se hayan ya invertido en los proyectos mineros y los que dejará de recibir el Ecuador.

- Ese principio de repetición ¿no corresponde aplicárselo a las autoridades de gobierno que autorizaron concesiones mineras sin cumplir con estándares ambientales, como han determinado los informes de Contraloría para el caso de Kimsacocha y otros?

- Ese es un tema que no le corresponde al sector minero determinar. No tenemos que caer en ningún tipo de discurso político en que se lavan las manos y dicen: sigan el derecho de repetición a otras autoridades. El Ecuador es un país rico en minerales y esa geología hay que aprovecharla de manera responsable. Donde hay minerales habrá minería. O la hacemos de manera técnica, controlada, con respaldo de la ciencia, con alto cuidado ambiental, alto cuidado del agua, o vamos a propiciar una minería ilegal, en la que no participa el Estado, en la que hay depredación ambiental y ningún tipo de consideración al ser humano y a la naturaleza.

- Precisamente el problema son las fuentes de agua. Los dos proyectos del Azuay están ocupando zonas de recarga hídrica. En Río Blanco ya hay daños ecológicos: la laguna de Cruz Loma desapareció. ¿Es posible desarrollar minería responsable en un ecosistema tan frágil?

- Es totalmente factible, con la minería moderna, llevar a cabo una actividad minera que precautele el derecho al agua. Como ecuatorianos debemos propiciar que la industria minera tenga efectivamente altos estándares, que sea altamente controlada por el Estado.

- Lo que demuestran los informes de la Contraloría es que no ha habido control del Estado. Entre el Estado y las empresas mineras hay mucha rotación de personal. Usted mismo viene de la Enami ¿No plantea eso un conflicto de intereses?

- Las empresas internacionales vamos mucho más allá del control que el Estado nos propone. ¿Debe mejorarse la legislación ecuatoriana? Sí. El control debe mejorarse. Debe haber mejores profesionales para el control de la actividad minera. Pero porque no los haya no vamos a dejar de participar en una actividad que le puede generar al Ecuador un gran impacto económico. Todo el mundo quiere celulares, computadoras, Internet, la revolución de la automatización, pero no queremos explotar minerales.

- Todo el mundo quiere tomar agua limpia y no está claro que sea posible con minería en zonas de recarga hídrica.

- Insisto, es totalmente posible.

- ¿Qué ejemplos hay en el mundo?

- El proyecto Los Bronces, en Chile. Hay proyectos en Colombia, en Perú, en Australia, en zonas mucho más complejas.

- ¿En zonas de recarga hídrica?

- Eso habría que consultar.

- El problema son las zonas de recarga hídrica. ¿Existen ejemplos de minería responsable en zonas de recarga hídrica?

- Deben existir. No conozco.

- ¿Por qué los procesos de consulta previa han sido omitidos regularmente?

- En Río Blanco un juez ha determinado que el Estado no ha ejecutado el proceso de consulta previa. Habría que determinar por qué, si es que existen en esa zona comunidades ancestrales. Para determinarse ancestrales debe haber posesión ancestral de la tierra. Sí creo que existe ambigüedad en la normativa interna para determinar cuándo una población es ancestral o no. Estoy totalmente de acuerdo en que el gobierno ha emitido concesiones mineras sin llevar a cabo consultas previas en los sitios que corresponden.

- En cuanto a las indemnizaciones, ¿tienen un cálculo de cuánto le puede costar al Estado un proceso de consultas en caso de dispararse?

- Las empresas mineras no han pensado en ningún momento demandar al Estado. Incluso después de la consulta de Girón. La propia compañía INV Metals, que es la directamente afectada, ha dicho que si bien es una posibilidad, ellos tienen toda la intención de seguir trabajando por el desarrollo de ese proyecto.