¿Qué respuesta puede dar Estados Unidos a ciberataques de potencias extranjeras o sus intermediarios? El presidente Obama enfrentó esta cuestión tras los informes de intrusiones de “hackers” rusos durante el reciente ciclo electoral estadounidense. El presidente electo Donald Trump también enfrentará el mismo problema, y no tendrá opciones muy buenas. La denuncia pública de los transgresores es bastante ineficaz, porque los “hackers” rara vez sienten vergüenza. Tampoco es probable que las acusaciones penales (una medida que se tomó en su momento contra “hackers” chinos) lleven a alguno a juicio. El vicepresidente de EE. UU., Joseph Biden, propuso contraatacar las redes informáticas rusas, pero eso podría iniciar una escalada y cedería la ventaja moral a la otra parte. Un modo aparentemente simple y gratuito de expresar repudio a los ciberataques extranjeros es aplicar sanciones económicas, pero muy a menudo, apelar a este recurso conlleva un riesgo de consecuencias de amplio alcance, que a la larga pueden menoscabar el papel de EE. UU. en la economía global. Cada vez que Washington aplica unilateralmente sanciones contra otro país, se arriesga a debilitar la posición del dólar como principal moneda de reserva del mundo (lo que a su vez puede restar eficacia a futuras sanciones). Es verdad que esta medida puede asestar un duro golpe a organizaciones terroristas y narcotraficantes; y los gerentes de bancos respetuosos de las leyes palidecen ante la sola idea de perder acceso al dólar. Pero cuando el objetivo de las sanciones es un país, su eficacia depende en gran medida del respaldo internacional, algo cuya obtención puede costar capital político. Aunque estas medidas son más creíbles cuando tienen el respaldo de coaliciones internacionales, estas son frágiles y temporales en el mejor de los casos. Además de conseguir el respaldo de una coalición para sus sanciones, EE. UU. debe asegurarse de que su desproporcionada influencia en el sistema financiero internacional solo se use para promover intereses realmente globales. Hay un claro riesgo para EE. UU. en la tentación de usar la restricción del acceso al dólar en defensa de intereses que puedan parecer egoístas o de naturaleza local. ¿Aplicaría sanciones si el ciberataque a Sony hubiera partido de una empresa competidora extranjera en medio de una disputa comercial? ¿O contra un ataque cuya intención manifiesta sea protestar contra políticas controvertidas de EE. UU. en Medio Oriente? No son decisiones fáciles, y por eso cualquier gobierno estadounidense debería detenerse a pensar antes de excluir a personas, empresas y países del sistema de transacciones en dólares. Con el tiempo, incluso los actores legítimos hallarán canales comerciales y financieros alternativos, si llegaran a pensar que el acceso al dólar depende de no contrariar los intereses de EE. UU.

Las sanciones pueden parecer una respuesta fácil y gratuita ante una violación de normas internacionales, pero no lo son. EE. UU. debe estudiar cuidadosamente el uso de cada sanción y asegurarse de que refuerce la confianza en el liderazgo estadounidense (y en el dólar) en vez de ponerla en duda.

Project Syndicate