Sancionar como es debido

En la complicada dialéctica oficial es posible que se responda, con tono lastimero y a modo de reiterada denuncia, a la exigencia aquí planteada de que la corrupción, una vez admitida por altas esferas gubernamentales, sea sancionada como es debido, sin manipulaciones legales. Nuevamente se dirá, queda en evidencia el perenne afán crítico de la prensa que, actuando como actor político, no deja pasar oportunidad alguna para insistir insidiosamente en su afán de desprestigiar la esforzada labor del Gobierno. Así, cuando no se acogen las denuncias de corrupción y se descalifica a quienes las hacen, toda suerte de críticas negativas es el resultado pero, cuando se asumen algunas de esas denuncias e incluso se concede que en algunas ocasiones los denunciantes tienen razón, también se continúa criticando, aduciendo que no se les está aplicando a los corruptos las sanciones que les corresponden.

Sin duda, puede ser admisible describir la situación, tal cual es posible sospechar lo harán los voceros oficiales y oficiosos.

Rol propio de los medios de comunicación colectiva es constituirse en voces críticas de la vida nacional y en el cumplimiento de ese deber no es virtud la condescendencia, el mostrarse complacientes, menos todavía cuando están involucrados los más altos intereses de la República, verbigracia los recursos generados por la riqueza petrolera.

En efecto, nunca, peor todavía en tiempos de crisis económica, puede permitirse la impudicia que pretende disfrazar como tráfico de influencias o hasta enriquecimiento ilícito, delitos propios tipificados como lavado de activos que, obviamente están castigados con penas mayores que podrían tener necesarios efectos ejemplarizadores, más aún cuando dejan abierta la posibilidad de confiscar los bienes mal adquiridos y sanciones económicas equivalentes al doble del valor de lo mal habido.

En todo caso, aunque solo fuese en razón de intentar dejar constancia de su lucha contra la corrupción, llama poderosamente la atención que los actuales legisladores de oposición, tal cual lo ha reclamado con indignación un anterior parlamentario, no hayan realizado ni siquiera un gesto, una señal de pretender fiscalizar a la empresa que administra el sueldo del Ecuador, ya sea por temor o por complicidad, ambas condiciones impropias.