Salvador: “Resarcir el dano social de la corrupcion toma generaciones”

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Salvador: “Resarcir el dano social de la corrupcion toma generaciones”

La Procuraduría participa de la mesa de conversaciones con Odebrecht.

Es el procurador general del Estado. Doctor en Jurisprudencia y máster en Relaciones Internacionales con mención en Derecho Internacional. Exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es miembro del Comité J

- César Montúfar y Fernando Villavicencio cuestionan su participación como acusador en el caso Sobornos 2012 - 2016 por un supuesto conflicto de intereses. ¿Qué les responde?

- No se puede cuestionar la imparcialidad de alguien sobre un tema que es una contingencia futura. Entre mayo de 2010 y marzo de 2012, cuando ejercía la profesión libremente, participé en el concurso convocado por la Refinería del Pacífico para contratar a un asesor jurídico externo para la revisión de ciertos contratos. Entre esos contratos revisé uno sobre el gerenciamiento del proyecto integral Refinería del Pacífico, en donde la contratista era la empresa Worley Parsons. Lo que ahora está en cuestionamiento, en relación a Worley Parsons, es el contrato de fiscalización de la empresa respecto del proceso de repotenciamiento de la Refinería de Esmeraldas, en donde el contratante era Petroecuador. Yo no tengo que ver nada en lo absoluto. Llegado el momento, y si los recaudos procesales lo ameritan, no me temblará la mano para acusar a Worley Parsons. Así procederé.

- El caso Sobornos ha levantado varias dudas sobre la dureza del marco legal para regular las aportaciones a partidos y movimientos políticos y evitar sobornos. ¿Cuáles considera que deben ser los cambios legales para reducir el margen o evitar un nuevo caso como este?

- Más grave del hecho de cómo se financien las campañas electorales, el tema claro es que en este caso, con cargo a dineros públicos, se está exigiendo a contratistas del Estado que financien actividades proselitistas, y concretamente en el caso del partido de Gobierno, en el régimen pasado. Eso es una instancia de corrupción. Lo que hay que hacer es atacar esas instancias de corrupción; en ese caso el electoral.

- ¿Y atacarlas al nivel judicial? Usted junto a la Fiscalía y la Contraloría presentaron una queja contra los jueces que liberaron a Alexis Mera...

- Sí, pero en ese caso se trata por el incumplimiento de una norma a claras luces violadas por los jueces en ese momento. Se cambia una medida sustitutiva de la prisión, de libertad sin que se cumplan los presupuestos de ley.

- Sobre las conversaciones con Odebrecht, ¿cuáles serían las variables que se consideran para llegar a una cifra de indemnización definitiva?

- Una indemnización tiene que incorporar los rubros clásicos por daños y perjuicios previstos en nuestra legislación, pago del daño emergente y del lucro cesante, cuando se trata del daño material. Estamos recabando información para determinar los daños concretos que ha provocado la compañía al ejecutar los contratos. El lucro cesante es lo que el Estado ecuatoriano dejó de percibir por el hecho de contratar con esta empresa en cada uno de los contratos. Tenemos que revisar el rubro de coimas, si es que hay multas que no han sido pagadas, si es que hay costos asociados a las multas o sobreprecios. El análisis es contrato por contrato.

- Y el daño inmaterial, ¿cómo lo van a contabilizar?

- Es un daño serio que no se puede fácilmente evaluar y que no se puede resarcir sino en múltiples generaciones. Es un daño bastante más difícil de cuantificar objetivamente, pero se puede llegar a establecer un método de cuantificación en las experiencias de indemnización por daño social como ha ocurrido en otros países. Hay más de una fórmula para establecer ese daño. Hay que sumar esos rubros y esa será la cifra y veremos si está en posibilidad de llegar a un acuerdo.

- ¿Y si no hay acuerdo?

- Esa cifra hay que confrontarla con la que Odebrecht sostiene que deben pagar y en función de eso ver si hemos llegado a un punto muerto, en cuyo caso tendremos que levantar estas tratativas. Ni la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni la Contraloría y ni la Secretaría Anticorrupción aceptaremos ningún rubro que, de acuerdo a nuestro análisis objetivo, sea no justo. Ni un centavo más, ni uno menos.

- ¿Diría usted que el daño social ha provocado más perjuicio que el daño material?

- La ventaja del daño material es que se puede reparar con dinero. El otro no es fácil. El daño causado a la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones es algo que se puede regenerar a lo largo de varias generaciones. Sí, es un tema complicado y sensible.