La ruta incierta de las motos

Jueves 17 de enero. Un vídeo capta el momento en que un grupo de personas en actitud violenta detiene por unos minutos el tráfico al interior del túnel cerro Santa Ana. Al día siguiente, otras imágenes registran a desconocidos golpeando de manera brusca un vehículo en la avenida Carlos Luis Plaza Dañín. En ambos escenarios, los agresivos sujetos circulaban en motocicletas.

Aunque son acontecimientos aislados, la mala utilización del liviano vehículo se ha convertido en el dolor de cabeza de las autoridades. Al medio de transporte se lo ha involucrado en delitos, agresiones y accidentes de tránsito.

El 2019 empezó con dos asesinatos al estilo sicariato, donde la motocicleta fue usada como herramienta para cometer los crímenes. Los hechos ocurrieron en Mapasingue y Trinitaria, sectores en donde las motos circulan sin control, aprovechando la escasa presencia de agentes civiles de tránsito y de policías.

En el primer día del presente año también fallecieron dos personas a bordo de este transporte. El primero pereció en la avenida León Febres Cordero, parroquia La Aurora (Daule); y el otro se accidentó en el sector La Florida, en el kilómetro 7,5 de la vía a Daule.

De acuerdo a las estadísticas de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), en el 14 % de los siniestros en Guayaquil está involucrado al menos uno de estos vehículos.

El año pasado, 18.547 motocicletas fueron retenidas en la ciudad. De esa cifra, 14.024 unidades (77 %) incumplieron con la ordenanza vigente desde octubre del 2017, que prohíbe que dos hombres circulen en ese tipo de vehículo entre las 19:00 y 04:00. A propósito de esta medida, el promedio mensual de retenidos por la infracción es de 1.169, según la ATM.

Mientras otras 1.669 motocicletas (9 %) fueran trasladadas al canchón por incumplir con la matriculación o revisión técnica vehicular.

La ATM y la Policía Nacional coinciden en que el mal uso de las motocicletas empieza desde las facilidades para adquirirla.

No exageran cuando indican de que el vehículo liviano puede comprarse hasta en panaderías y en las tiendas de barrios. Ciertos establecimientos comerciales piden como ‘únicos requisitos’ entrada mínimo 20 dólares, una copia de la cédula de identidad y una planilla de servicio básico.

El poco control para la comercialización de las motos genera otro inconveniente: el hacinamiento en los canchones, que solo en Guayaquil ocupa al menos el 70 % de los patios.

En el Centro de Retención Vehicular (CRV) de Fertisa hay alrededor de 7.000 unidades. Mientras que entre el canchón de Los Vergeles y el patio de retención situado en el kilómetro 10,5 vía a Daule hay otras 3.000.

Guillermo Delgado, jefe de los CRV de la ATM, admite que no imaginaba que la saturación de motos se convertiría en uno de los principales problemas desde que asumieron la competencia del tránsito.

“Las facilidades de adquirir las motos motiva un quemeimportismo de los usuarios, que desisten del trámite de retiro del CRV”, señala.

La ley establece tres años de retención para la chatarrización del vehículo. La ATM debe esperar hasta fin de año y por lo pronto realiza el levantamiento de información para el proceso.

Hace dos años, la ATM propuso disminuir a un año el plazo de chatarrización. El pedido fue archivado.

El representante del Tejido Social de Guayaquil, Gelacio Mora, responsabiliza a las autoridades de tránsito de que se haya escapado de las manos el control de las motocicletas.

“Hay muchas motos que se arman y circulan sin placa, sin matrícula, sin que un agente civil o vigilante actúe”, opina.

Según Mora, los controles deben ser rigurosos. A la vez considera que la ciudadanía también es culpable por permitir la mala utilización de las motocicletas.

“Guardamos silencio cuando vemos un robo en moto y no denunciamos”, enfatiza.

El jurista Daniel Frías cree que no es necesario reformar ni cambiar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para solucionar de cierta manera esta problemática, pues esta ya establece los diferentes tipos de delitos con sus agravantes, en este caso, usar una motocicleta para delinquir.

Recalca que, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, los municipios tienen la opción de establecer ordenanzas, como por ejemplo la que impide que varias personas circulen en una misma motocicleta. El problema podría radicar, según su posición, en el costo político que representaría aprobar ciertas ordenanzas.

Frías también sostiene que debe reformarse la ley sobre el uso de armas. Uno de los puntos es que se permita que personas idóneas puedan portarlas para defensa propia, “de esa manera el antisocial pensaría dos veces antes de actuar”.

“Con la ayuda de la motocicleta, los delincuentes actúan en contra de los ciudadanos porque saben que la sociedad civil no porta armas y que la Policía Nacional no se abastece para llegar de manera inmediata a prestar auxilio”, remarca.