Recordemos que la conformación de la Corte Penal Internacional fue una vieja aspiración de los países con el objeto de establecer una serie de normas para sancionar a los gobernantes, militares o civiles, que sean causantes de que se cometan cuatro tipos de crímenes: los de guerra, los de genocidio, de lesa humanidad y los de agresión. Después de largas discusiones en la ciudad de Roma se aprobó lo que se ha llamado El Estatuto de Roma, en el que se describen estos tipos de crímenes y se conformó una Corte Internacional cuya sede es la ciudad de La Haya, Holanda.

Las ratificaciones del Tratado. Las principales potencias del mundo siempre encontraron un pretexto para evitar la ratificación del Tratado pues, ellos, con sus intervenciones en otros países, o por la aplicación de sanciones de carácter político interno, eran sus gobernantes los más expuestos a ser juzgados por el Tribunal. Recordemos, así mismo, que no son los Estados materia de sanción sino las personas o gobernantes que hayan cometido los crímenes antes anotados.

Han sido poquísimos los casos llevados a la Corte Penal Internacional, pese a que le consta al mundo la cantidad de crímenes de esta naturaleza que se cometen casi a diario. Con la otra circunstancia de que individuos que han sido acusados y que tienen la nacionalidad de países miembros del Estatuto de Roma, se niegan a entregar a los culpables para ser juzgados. En 14 años de su funcionamiento, la CPI dictó solo cuatro sentencias gastando más de mil millones de dólares.

Aunque Rusia firmó el Estatuto nunca había ratificado su adhesión. Debemos dejar constancia de que tampoco Estados Unidos, China, India, Israel, Cuba e Irak lo han hecho.

El presidente Putin se adelantó a disponer que se retire la firma del Estatuto, una vez que la Comisión de la ONU para los asuntos sociales y humanitarios reconoció “la ocupación temporal de Crimea” por Rusia, calificándola como un conflicto internacional militar.

El portavoz del presidente Putin calificó tal decisión como contraria a la posición que declararon los ciudadanos de Crimea, participando en el referéndum, cuando ellos resolvieron unirse con Rusia. En cuanto a la decisión de no adherirse a la CPI, precisó que es una cuestión formal ya que Rusia ‘de jure’ nunca estuvo bajo la jurisdicción de la Corte. “Es una posición que corresponde a los intereses nacionales del país”.

Acusaciones contra la Corte. El argumento de la decisión de Putin fue que: “Por desgracia la Corte no cumplió las expectativas puestas en ella y no se convirtió en un órgano de justicia internacional verdaderamente independiente y prestigioso”. Varias veces, en las sesiones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU se había constatado el trabajo ineficaz y unilateral de la Corte. La nota del Ministerio detalla qué es lo que provocó su desconfianza en la Corte. “Rusia se ve muy preocupada por la postura de la CPI hacia los acontecimientos de agosto del 2008 (conflicto en Georgia). El ataque del régimen georgiano contra la ciudad pacífica de Tsjinvali y el asesinato de los pacificadores rusos generaron unas acusaciones contra las milicias de Osetia del Sur y los militares rusos”. Georgia se adelantó en juzgarlos para que no caigan en manos de la Corte Penal Internacional.

La decisión de Moscú llega en un momento complicado para el tribunal con sede en La Haya. Sudáfrica, Burundi y Gambia anunciaron recientemente que a pesar de haber firmado y ratificado el Estatuto de Roma y, por lo tanto, estar sujetos a la Corte Penal Internacional, van a retirarse y quedar fuera de la jurisdicción del tribunal, alegando que este es parcial y colonial por juzgar solo a personas africanas.

En conclusión, los juristas buscan fórmulas para fortalecer el Derecho Internacional para que este no sea considerado un derecho imperfecto; pero, la falta de coercibilidad permitirá que los Estados interpreten los tratados que suscriben, o incluso los que ratifican, de acuerdo a sus intereses con el pretexto de que no permiten que se atente contra su soberanía, por supuesto, mal interpretada.