La ministra de Gobierno, María Paula Romo, calienta los camerinos. Como los boxeadores antes de la pelea, cuando se van de boca proclamando lo gallinas que son sus oponentes. Como León Febres Cordero en aquella famosísima escena del debate presidencial de 1984 (la prehistoria de la democracia ecuatoriana), cuando retaba al candidato Rodrigo Borja al grito de “¡Míreme a los ojos!”, y terminó por derrumbarlo. Igual. Romo también quiere que los asambleístas que la van a someter a juicio político la miren a los ojos. Literalmente. Y poco le faltó para llamarlos también gallinas: lo da por sobreentendido en la carta que envió esta semana al presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña, con el único propósito de provocarlo, de lanzar un desplante al que quizá le faltó una dosis de elegancia para merecer el calificativo de “torero”.

“Quiero solicitar a usted -dice Romo en la carta que subió a las redes- que exija que los asambleístas interpelantes salgan de la comodidad que representan las sesiones vía zoom, en sus hogares, en donde han permanecido los últimos siete meses, mientras yo he enfrentado la pandemia como enfrenté octubre y como enfrentaré cualquier otra adversidad para el país. Por esta razón, exijo que mi juicio político sea presencial y que quienes me interpelan den la cara y asuman la responsabilidad de lo que acusan”.

Guerra de nervios. Pero también juego de superioridad moral de la ministra: ellos, metidos en sus casas; ella, enfrentando las adversidades del país “en territorio”, como dice la tecnocracia correísta de la que hizo parte. Ya antes había enviado otra carta, en aquella ocasión a César Litardo en su calidad de presidente del Consejo de Administración Legislativa (CAL), pidiéndole que aprobara el juicio político en su contra para tener la oportunidad de explicar sus acciones y (no lo dijo pero también quedó sobreentendido) destrozar a sus rivales. De eso hace más de un mes. Le faltó a Romo, en el intermedio, enviar otra carta pidiendo que se apuren, pues han ido a paso de tortuga las cosas, en su juicio político: diez meses fueron necesarios para llegar a este punto.

“Exijo”, dice la carta de la ministra: una palabra poco tinosa que suele caer pésimo en el primer Poder del Estado. Solo el desprestigio de la Asamblea atenúa su impertinencia. Pero los legisladores no se lo van a perdonar tan fácilmente. “Como dueña de hacienda, acostumbrada a dar órdenes a la Asamblea”, reaccionó Lourdes Cuesta, una de las interpelantes, en una entrevista concedida ayer a una radio de Cuenca. “Debería exigir que el juicio sea en el terreno vacío del hospital que no se construyó en Pedernales y que ella mismo entregó como botín político”, le puso color Roberto Gómez, el segundo de sus acusadores. “Despójese de la prepotencia del poder y del blindaje mediático”, se quejó la tercera, la correísta Amapola Naranjo.

Inicialmente el motivo del juicio político tenía que ver con la actuación de Romo durante la crisis de octubre del año pasado (se la acusa, por ejemplo, de haber dispuesto el uso de bombas lacrimógenas caducadas). Sin embargo, una petición del independiente (ex CREO) Roberto Gómez logró incluir también el tema del reparto político de los hospitales, entre otros que enumeró ayer en una carta de respuesta a Romo publicada en sus redes sociales: las escuchas ilegales, el patrimonio del ISSPOL, las víctimas de octubre, los muertos de la pandemia... Para Roberto Gómez, la ministra Romo es, sin duda, la madre de todos los males.

El juicio ya está (finalmente) en manos de la nueva Comisión de Fiscalización, donde Romo ya no tiene la influencia de antes. Esta está plagada de enemigos: hay dos socialcristianos, dos legisladores de Pachakutik, incluido su presidente; dos correístas... Gente que le tiene hambre. La suerte de la ministra es incierta. Pero una cosa es segura: María Paula Romo está dispuesta a vender caro su pellejo. Las cartas insolentes son solo el comienzo de lo que se viene.