El país se siente satisfecho con las primeras acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Mientras la Asamblea Nacional sigue en mora respecto a sus acciones de control político y de lucha contra la corrupción, es alentador saber que se cuenta con un renovado organismo, clave para el cabal desarrollo de las labores de la Función de Transparencia y Control Social.

Por ello el Ecuador debe brindarle pleno respaldo para impedir que se le pretenda escamotear el pleno cumplimiento de sus trascendentes funciones que, más allá del mandato otorgado en la reciente consulta popular, conserva obviamente todos aquellos que la Constitución le establece.

Así, entre sus deberes y atribuciones consta en la Carta Magna que al Cpccs le corresponde: “Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción”. Igualmente: “Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan”.

Puede también: “Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley”.

Lo señalado y más, que consta entre sus deberes y atribuciones en el texto constitucional, atañe a todas las instituciones que precisamente dicho texto le atribuye designar: procurador general, superintendentes, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura.

Por eso, no cabe intentar restringir las acciones del Cpccs a los mandatos otorgados recientemente en las urnas, olvidando los que tiene expresamente establecidos en la Constitución de la República.

En todo caso, no se trata de proceder a la apertura de espacios para nuevos nombramientos.

El cese del titular de Supercom obedeció al cumplimiento de un mandato de la Contraloría, lo que no obvia el juicio político que se merece por sus múltiples atropellos a la libertad de expresión y comunicación. Todo dependerá del resultado de las evaluaciones.