Estalin Borbor no sabe qué camino fue más largo y tortuoso: si cuando regresaba a tierra después de que los piratas lo asaltaran en altamar o cuando fue a poner la denuncia a la Fiscalía de Playas.

Fue hace tres semanas cuando a Borbor lo rescataron sus compañeros, mientras estaba a la deriva. Regresó, pero lo hizo sin sus artes de pesca y sin el motor de su embarcación. Estaba golpeado, asustado y amenazado si denunciaba a los delincuentes; sin embargo, para él sobrevivir ya era bastante. Y aunque parecía que el suplicio estaba por terminar, aún debía enfrentarse a la burocracia para denunciar el delito.

En Playas, los marinos le comunicaron que ponga la denuncia en la Fiscalía para ellos proceder a la búsqueda de los maleantes, pero en esa dependencia le indicaron que ese delito estaba fuera de sus competencias y lo remitieron a Guayaquil.

Enojado y frustrado vino al Puerto Principal. Aquí pudo poner la denuncia en la Fiscalía de Delitos Acuáticos, dependencia que no hay en Playas. Desde el momento del robo hasta la denuncia había pasado casi todo un día.

Miguel Mejillones, presidente de la Cooperativa Las Balsas, a la que pertenece Borbor, asegura que este caso se repite cada vez que los trabajadores del mar sufren robos. “Es inaudito que haya que viajar a denunciar a Guayaquil, para recién proceder a la captura de los piratas. Por eso ellos se burlan del pescador y hasta de las mismas autoridades”.

Los piratas se han ensañado con el sector pesquero artesanal. En 2017 la Fiscalía del Guayas receptó 51 denuncias por robo a embarcaciones, mientras que de enero a abril del 2018 ya suman 86 denuncias por este delito. No obstante, Mejillones no cree en las cifras e insiste en que las autoridades desconocen la magnitud del problema. “Si usted pregunta en la Fiscalía le dicen que no saben nada. Claro, si no receptan las denuncias”. Además, que este hecho contribuiría a que los delitos no sean denunciados, por el tiempo que se debe dedicar y el costo que representa para estas personas no trabajar un día para venir a Guayaquil.

Tal como le ocurrió a Juan, quien por temor a los piratas no quiso dar su apellido, o a Pedro Yagual. El primero no juntó el dinero suficiente para venir a Guayaquil y, por ende, jamás denunció. En cambio Yagual prefirió invertir el día que dedicaría a los trámites en esta ciudad en seguir trabajando. “Nos piden tantos requisitos y al final queda en nada”.

Por su parte, la Fiscalía de Playas asegura que ellos sí reciben las denuncias, pero que cuando las embarcaciones son aseguradas, las empresas exigen que se presente la denuncia en Guayaquil. Sin embargo, reconocen que también se le pide al pescador que viaje si este tiene alguna lesión producto del robo, ya que ellos no cuentan con un médico legista.

Wellington Boni, fiscal de Delitos Acuáticos, con sede en la Capitanía del Puerto de Guayaquil, considera que es erróneo que la Fiscalía del cantón Playas no reciba las denuncias, tal como los pescadores señalan. “No les pueden decir: ‘No se la vamos a aceptar, vaya a Guayaquil’, porque ese no es el mecanismo que se aplica. Ellos como Fiscalía están obligados a recibir la denuncia y sortearla, (la cual) debería caer en mi despacho porque yo manejo los delitos de espacios acuáticos”. Reconoce que existe un incremento preocupante de este delito. No obstante, sostiene que la falta de matriculación y troquelado (grabación de una serie identificativa en el motor) permite que los delincuentes comercialicen con mayor facilidad los objetos robados.

Asimismo, insiste en que la Fiscalía únicamente actúa una vez cometido el delito y que las labores de prevención corresponden a la Marina.

Y mientras tanto, las esposas de los pescadores siguen orando para que sus maridos no sean víctimas de los piratas en la próxima faena, porque el viacrucis no termina cuando regresan a tierra después de un robo. Allí recién comienza.

Una oficina para denunciar

Los pescadores anhelan contar con una dependencia que se ocupe de atender los delitos que ocurren en el mar y así no tener que viajar hasta Guayaquil para denunciar. Por su parte, el fiscal de Delitos Acuáticos, Wellington Boni, sostiene que, en días pasados, en una mesa de trabajo articulada entre delegados del Ministerio del Interior, Marina y Gobernación, los primeros se comprometieron a trabajar para que, en un año, se logre abrir una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC), en la que existan espacios para la Policía Judicial, Antinarcóticos y otro que reciba las denuncias de los crímenes ocurridas en aguas guayasenses.

Lo mismo pasa en el Golfo

En febrero de 2018 se registraron 11 robos a embarcaciones en el golfo de la ciudad, según datos de la capitanía del puerto. Ellos también deben trasladarse a Guayaquil a denunciar, a pesar de que algunas islas quedan a dos horas de distancia, mediante la vía fluvial.