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Robos y crimenes en

Guayaquil suele presentarse como una ciudad insegura y desprotegida. Parece insólito que esta urbe que concentra el mayor número de habitantes en todo el país no cuente con la atención que amerita una gran metrópoli, a fin de garantizar su seguridad integral. En efecto, no hay día en el cual no se den noticias sobre distintos tipos de robos, asechanzas y conatos de hurto en sus diferentes barrios y sectores.

Otro hecho que ya resulta un fenómeno endémico es el continuo cometimiento de crímenes, tanto en la noche como en el día y a la luz pública. Pandillas, bandas de delincuentes y hasta sicarios parece que controlan a su antojo los distintos espacios de Guayaquil. Los casos que últimamente se han dado a conocer no ocurrieron en las llamadas zonas rojas ni en los sectores etiquetados como peligrosos. Se han suscitado en barrios y ciudadelas populares y también en los de clase media.

La policía dice que estos hechos corresponden a “ajustes de cuentas” entre diversos tipos de maleantes que se han radicado en la ciudad. Son grupos constituidos por miembros de edades variadas que se encuentran activos en ciertas zonas, que se desplazan por las diferentes áreas de Guayaquil, y que actúan a toda hora y en cualquier circunstancia.

La explicación policial frente al ascenso delictivo suena lógica, pero no satisface. Aunque sea correcta, estaría ignorando las múltiples causas del problema, pues hay barrios en los que se han dado robos y hechos de violencia y de sicariato, en los que no se registran disputas grupales, ni existen bandas que rivalicen por el dominio del mercado de las drogas.

Últimamente, en las ciudadelas han aparecido grupos de malhechores que realizan hurtos en viviendas. Incluso en algunos sectores se han sustraído vehículos que se encontraban parqueados en los exteriores de las iglesias.

Ante esta realidad, lo óptimo sería que las autoridades civiles, militares y policiales identifiquen las reales causas que generan tanta violencia y actos delincuenciales.

La ciudadanía demanda que se atienda este problema urgentemente, con eficacia y eficiencia. Las amenazas y peligros en barrios y ciudadelas no pueden continuar. La sociedad guayaquileña debe exigir al Estado que cumpla con su obligación de garantizar la seguridad y la vida de sus integrantes.