El camino que condujo al Ecuador al grave déficit actual estuvo marcado durante toda una década, pese a la bonanza por los altos precios del petróleo, por un agresivo y permanente endeudamiento y por el crecimiento sostenido de una burocracia que aseguraba el respaldo político necesario para gobernar y el voto para la reelección. La situación se volvió insostenible cuando el precio del crudo se desmoronó y el país entero supo que tarde o temprano habría que pagar la factura por tanto despilfarro, ineficiencia y corrupción. El momento de tomar las duras decisiones para poder salir de la crisis llegó.

El Gobierno ha optado por la vía del sinceramiento de la economía a través de la eliminación del subsidio a los combustibles, que frena una fuga real de recursos que, en la práctica, no se están destinando a subvencionar ni educación, ni salud, ni transporte para las clases más necesitadas, sino que se drenan a través de nuestras fronteras hacia los países vecinos y a los bolsillos de grandes mafias locales que han gestado, a lo largo de varias generaciones, inmensas fortunas alrededor de oscuros negocios. Se debe investigar quiénes, y por qué, están detrás del vandalismo y de los evidentes esfuerzos por generar caos que se suscitaron tras el inicio del paro de transportistas.