Alrededor de 50 moradores de la etapa Rubí, en la urbanización La Joya, se reunieron con representantes del Municipio de Daule y del consorcio encargado de la construcción del puente que unirá ese cantón con Guayaquil para reclamar por supuestas afectaciones a su ciudadela.

La sesión inició con la presentación del proyecto a los residentes de la etapa por parte de un arquitecto del consorcio constructor. Sin embargo, la exposición fue interrumpida a los cinco minutos con las preguntas y murmullos de los vecinos.

“¿Van a dejar la pileta, que es parte de la ornamenta de nuestra ciudadela, tal como está, luego de la construcción? ¿Y los sensores de seguridad que también se afectarán, quiénes los pagarán? ¿Cómo van a evitar el embotellamiento a la salida de la ciudadela, mientras dure la construcción?”, fueron algunas de las preguntas.

La pileta a la que se referían los cuestionamientos, como se observa en la gráfica, está ubicada en la parte externa de la ciudadela, frente a la garita de acceso a la ciudadela. El problema surge porque, dentro de la planificación del consorcio, esa ornamenta tendrá que ser destruida, así como también se irán las cámaras y sensores de seguridad, ubicados a la altura de la fuente.

Este adorno, de acuerdo con Juan Carlos Farías, director de obra pública municipal, “está construido en un espacio que pertenece a la vía pública, y debe irse”. Frente a eso, Carlos Meza, administrador de Rubí, refutó: “Si estaba en la vía pública, ¿por qué el Municipio dejó que se realice tal construcción?

Asimismo, para Víctor Vinueza, presidente de la etapa Rubí, el problema más grave no es el retiro de la pileta, sino la “afectación de los sistemas de seguridad de la urbanización”, indicó.

Además, le preocupa la falta de respuestas de la autoridad sobre cómo se manejará el tráfico, cuando solo se habiliten dos carriles de salida y entrada; considerando que incluso con cuatro carriles el tráfico ya es conflictivo en horas pico por los 30.000 habitantes que residen en La Joya.

Frente a los reclamos e incluso acusaciones que hicieron los moradores, Héctor Pino Frugone, director de obras públicas del Municipio, amenazó con retirarse de la reunión por una “falta de respeto”. Así, los vecinos procedieron a cerrar las puertas para solicitar que se firme un documento como garantía de que sus pedidos sean tomados en cuenta.

Finalmente, las partes volvieron a la calma, pero retomaron el pedido de respuestas sobre el manejo del tráfico, seguridad, pileta y la falta de información, que según Meza nunca recibieron.

Ante la insistencia, Pino no aclaró a EXPRESO las acciones que se podrán atender frente al reclamo. Aunque en la sesión, Farías indicó que “si hay que modificar algo se lo hará cuando se inicie con la construcción. Eso se lo verá en el camino”, expresó. EOS