A Guayas y Azuay les tomó un proceso de medio año de trabajo de las prefecturas y sus comisiones de límites, para finiquitar, en 2015, un acuerdo de demarcación que, en papel, puso fin a un diferendo que se arrastraba desde hacía 40 años.

El pacto, que lo firmaron los entonces prefectos Jimmy Jairala y Paúl Carrasco, definió los linderos en torno a 608 de 609 kilómetros cuadrados de territorio, quedando pendiente un kilómetro cuadrado del sector de Abdón Calderón, que debía ser resuelto a través de una consulta popular.

Cinco años más tarde, la actual administración del gobierno provincial azuayo, quiere poner en revisión la demarcación limítrofe con Guayas.

El pasado 2 de octubre, tres días antes de su renuncia como prefecto del Azuay, Yaku Pérez adjudicó el contrato para una asesoría jurídica que presente una propuesta para la presentación de recursos administrativos, acciones contencioso administrativas y de orden constitucional pertinentes.

Esto, con el fin de que la Comisión de Límites del Azuay, presidida por Cecilia Méndez -actual prefecta- tome decisiones “en aras de alcanzar de forma democrática la anhelada resolución al conflicto limítrofe con la provincia del Guayas”, según los documentos de esa contratación, publicados en el portal de Compras Públicas.

Sobre este tema, EXPRESO no obtuvo, hasta el cierre de este artículo, los pronunciamientos solicitados a Méndez y a la administración de la prefecta del Guayas, Susana González.

Yaku Pérez, hoy aspirante presidencial, dice a este Diario que, por pedido de Méndez, le encargó el tema de límites. “Yo no he intervenido mayormente. Entiendo que es para preparar un diagnóstico de la situación de límites para tener claro si hay o no argumentos para presentar una acción constitucional”, justifica.

Los exprefectos Jairala y Carrasco, consultados por este medio, coinciden en que los límites provinciales definidos en el acuerdo de 2015, debían ser incorporados en la Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos de la República del Ecuador, para su vigencia. El proyecto de ese cuerpo legal, que en 2017 fue enviado para su trámite por el entonces presidente Rafael Correa, está trunco en la Asamblea Nacional.

La normativa, que se encuentra en la comisión legislativa de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Desarrollo Territorial, se quedó con el informe aprobado para primer debate.

El asambleísta Héctor Yépez, presidente de esa mesa legislativa, señala a este Diario que está en manos del presidente de la Asamblea, César Litardo, poner a debate ese proyecto en el Pleno.

Pero el legislador expone sus dudas. “No sé si habrá los votos suficientes en la Asamblea para resolver estos temas. Lo que probablemente ocurra es que cada quien vote por los intereses de su provincia, y así va a ser muy difícil tener 70 votos”.

Xavier Sandoval, quien presidió la comisión de límites de la Prefectura del Guayas en las negociaciones de 2015, recuerda que el acuerdo de definición territorial fue ratificado por el Consejo Nacional de Límites (Conali) y el Instituto Geográfico Militar (IGM).

“¿Pueden las actuales autoridades del Azuay pretender desconocer aquello? Sí pueden hacerlo, pero también tendrá Guayas que defenderse y, obviamente, aspirar a que se respete lo que la ley dice”, sostiene el exfuncionario.