La respuesta policial en el paro deriva en una denuncia por violencia política de género contra Lasso

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La respuesta policial en el paro deriva en una denuncia por violencia política de género contra Lasso

El pedido presentado por Acción Jurídica Popular alcanza al vicepresidente Alfredo Borrero y a los ministros Patricio Carrillo y Luis Lara. 

Guillermo Lasso
El presidente Guillermo Lasso se mantuvo en el Palacio de Carondelet durante los días del paro.Cortesía

Violencia política de género. Bajo esta infracción electoral muy grave fue presentada una denuncia en contra del presidente Guillermo Lasso, el vicepresidente Alfredo Borrero y los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa Nacional, Luis Lara, por parte de Angélica Porras, representante de la agrupación Acción Jurídica Popular y otros ante el Tribunal Contencioso Electoral.

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La denunciante conversó con EXPRESO y explicó que este pedido responde a la represión policial de la que, a su criterio, fueron víctimas un grupo de mujeres indígenas durante el paro nacional. Porras relata que, el pasado 23 de junio, un grupo de mujeres encabezó una marcha para el ingreso de sus bases a la Casa de la Cultura, la cual fue reprimida por la fuerza pública. “El ministro de Gobierno permite que regresen a la Casa de la Cultura para que hagan su asamblea... cuando estaban yendo hubo una represión contra ellas. La violencia política de género está definida como aquella que se ejerce en contra de mujeres, entre ellas liderezas políticas, feministas y defensoras de derechos humanos. La violencia política sería no dejarles ejercer algún derecho político o de participación o no dejarles cumplir con las funciones que tienen. Un derecho político es a la protesta”, explica.

De 21 a 70 salarios básicos es la sanción por una infracción electoral grave. Así como la destitución y suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.

La notificación del juez electoral, Joaquín Viteri, le otorga dos días a la denunciante para que aclare algunos puntos como que legitimen su representación frente a la organización Acción Jurídica Popular, y les recuerda que no pueden presentar quejas o peticiones individuales en nombre del pueblo por prohibición constitucional.

Porras considera que el juez, frente a estos dos pedidos en específico, tiene una confusión. “En este caso es una infracción electoral que es una violación a la ley que puede ser denunciada por cualquier persona... El juez nos dice que si tenemos una personería jurídica. Somos una organización de hecho. El juez nos recuerda que no podemos hablar a nombre del pueblo. No lo estamos haciendo. Estamos hablando por nuestros derechos”.

El plazo de dos días terminó el viernes. Las dudas fueron respondidas. Ahora se espera la decisión de Viteri sobre si acepta o no a trámite el pedido.