Sin responsables a la vista

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Sin responsables a la vista

El correísmo mató el concepto de ‘responsabilidad política’. Así, fiscalizar es imposible.

El vicepresidente Jorge Glas fue conducido a prisión para cumplir una medida preventiva. La misma Asamblea, con votos de la mayoría correísta, autorizó su enjuiciamiento penal. Sin embargo, ahora se niega a reconocer las responsabilidades políticas del ac

En el caso de Jorge Glas, el bloque de asambleístas de PAIS decidió dejar que los jueces actúen y no apoyar, se entiende, el juicio político que plantea la oposición contra el vicepresidente; ni pedirle la renuncia ni hacer nada, para mantenerse unidos. En el caso de Gustavo Jalkh y el Consejo de la Legislatura, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), de mayoría correísta, decidió actuar como juez, a despecho de su nombre, descalificar el pedido de la oposición y archivar el juicio. Las dos cosas sucedieron la misma noche, el martes, y reconfirmaron la vieja vocación de archivo que impera en la función fiscalizadora de las legislaturas correístas.

La falta de fiscalización en la Asamblea está basada en una exitosa estrategia de la mayoría: haber disuelto el concepto de responsabilidad política hasta desaparecerlo. “Dejemos que los jueces se pronuncien” es la frase más repetida en todas las entrevistas y, ahora, en los documentos oficiales del bloque de PAIS. Marcela Aguiñaga, Soledad Buendía, Augusto Espinosa, Esteban Melo, Silvia Salgado... Todos repiten lo mismo cuando son interrogados por los periodistas en el vestíbulo central de la Asamblea. Y argumentan que la responsabilidad política no está por encima del derecho a la presunción de inocencia. Algunos incluso apelan a la independencia de funciones y repiten: “dejemos que los jueces se pronuncien”.

Así, la fiscalización parlamentaria se ha convertido en un apéndice de la justicia ordinaria, como quedó sentado en esta misma legislatura. Se necesita que un funcionario acusado se encuentre prófugo y con orden de captura, como ocurrió con el excontralor Carlos Pólit, para que la Asamblea le entable un juicio político, lo censure y lo destituya.

La confusión entre los conceptos de la justicia ordinaria y los del enjuiciamiento político es permanente. El argumento de PAIS para no fiscalizar a Jorge Glas, tal como consta en el comunicado que hicieron público la noche del martes, es que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. Un argumento muy válido en una corte ordinaria pero que, en el terreno político, puede producir consecuencias desastrosas. Así, el bloque de gobierno se conforma con tener un vicepresidente preso e imputado pero en ejercicio de sus funciones, aunque no las tenga. La misma Asamblea que autorizó el inicio de un juicio penal contra el vicepresidente, ahora se niega a reconocer sus responsabilidades políticas.

También a Gustavo Jalkh se lo eximió de ser enjuiciado con un argumento que soslaya la importancia de la responsabilidad política. El CAL, con la habitual votación de cinco correístas contra dos de oposición, decidió descalificar como prueba los correos electrónicos cruzados entre Jalkh y Rafael Correa y de cuya autenticidad el propio expresidente dio fe. Lo hizo porque esos correos fueron obtenidos ilegalmente y, por tanto, no serían admitidos en una corte. En cuanto al tema de la responsabilidad política que implica la intervención en procesos judiciales revelada por esos correos, quedó intocado.

Dice Luis Fernando Torres (PSC), uno de los dos votos de minoría, que el CAL es un mero órgano administrativo al que compete revisar el cumplimiento de los requisitos de un pedido de juicio político, pero no calificar las pruebas. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece a la Comisión de Fiscalización como la instancia en la cual se califican las pruebas.

El CAL no solo calificó las pruebas presentadas por la bancada de CREO en su pedido de juicio político, sino que concluyó, dice el asambleísta Esteban Bernal, que lleva la parte acusadora, que Gustavo Jalkh y el Consejo de la Judicatura no incumplieron con sus funciones. “¿Ahora tenemos que apelar a una instancia burocrática?”, se quejó Bernal y anunció que insistiría con su pedido de juicio, a ver si a la tercera va la vencida.

Lo cierto es que, ya sea dejando todo en manos de los jueces o atribuyéndose competencias judiciales a sí mismos, la mayoría oficialista continúa oponiendo un obstáculo infranqueable a la fiscalización en la Asamblea.

El cal salvó a la judicatura

Los documentos presentados por Esteban Bernal en su petición de juicio político a Gustavo Jalkh incluían 40 denuncias de jueces que dicen haber sido presionados por el Ejecutivo, 15 pruebas testimoniales y los correos electrónicos cruzados entre Jalkh y Rafael Correa. El CAL descalificó esta última prueba, desconoció las demás y concluyó en la inocencia del acusado.