Un silencio que mete ruido. El Consejo de Participación Ciudadana será el último actor de la cadena de responsabilidad que orbita en torno al caso de Carlos Pareja Yannuzzelli en pronunciarse. El quinto poder del Estado, sobre cuyos hombros reposa la designación de las autoridades de control, declinó ayer comentar -consultado por EXPRESO- sobre los cuestionamientos del partido de Gobierno y la oposición a la gestión de uno de sus designados, el fiscal general Galo Chiriboga; a quien, en ambos lados de la política, acusan de “demoras”.

La prolongada falta de posturas públicas del quinto poder, contrasta con el concierto de acusaciones que siguen ensayando las demás altas autoridades del Estado.

“Tengo totales sospechas”, dice sobre este silencio el asambleísta opositor Diego Salgado (CREO) para quien Participación Ciudadana debió “de levantar una investigación. ¿Dónde queda el control social?”. Ahora los focos apuntan a Chiriboga. Pero la cadena de responsabilidad, que ha permitido la fuga de un exministro de Hidrocarburos, su movimiento en plena libertad durante casi un mes después de su implicación oficial por un desfalco calculado -de momento- en $ 14 millones y cinco meses después de ser señalado por la prensa independiente que descubrió el caso, encuentran su origen allí, en los encargados de fiscalizar al fiscal. Y por supuesto, añade Salgado, “también es responsable el Consejo de Administración Legislativa, que no sabe explicar por qué remitió el caso, desde el inicio, a la comisión de Justicia y no a la de Fiscalización”. La diferencia entre una y otra, es que la segunda es la vía más rápida hacia un juicio político que, entonces, se descartó en el mismo oficialismo que ayer frenó el primer intento contra el fiscal Chiriboga.

El fiscal general, claro está, es el encargado de llevar este caso contra autoridades de Gobierno. Por eso, legisladores como Bayron Pacheco (Avanza) apuestan por no perder de vista el objetivo: “sería un error”, dice. A su juicio, la clara responsabilidad por lo que considera un “vergonzoso” manejo del caso reposa en Chiriboga. Ayer este último rebotó la pelota hacia la cancha de la Judicatura, a quienes inculpa por no fijar una pronta fecha de audiencia. La Judicatura, siempre cauta, aún no responde el alegato.

Pero no todos en los tribunales guardan silencio. Ayer, consultados por este Diario, los penalistas expertos coincidieron en la improcedencia de la figura utilizada por la Fiscalía para acusar a Pareja, el cohecho. Este tipo penal, que admite pago de fianza y cuyo techo de prisión no supera los tres años, es para algunos “un favor descarado” para Pareja Yannuzzelli, a criterio del abogado Francisco Pesántez, catedrático de Derecho Penal durante tres décadas: “el tipo penal debió de ser peculado, que es el abuso de fondos públicos por parte de un funcionario para favorecerse a sí mismo o a terceros”. La figura, que elevaría la pena hasta los 13 años, no prescribe y no admite fianza.

A la opinión de los expertos se sumó ayer el legislador oficialista Christian Viteri, quien ha impulsado esta investigación desde el inicio y es el más duro crítico de la gestión de Chiriboga en las filas verdeflex. Él es partidario en público de lo que sus coidearios solo se atreven a confesar en privado: un juicio político al fiscal general.

Esa decisión, en manos de PAIS, será el paso siguiente de un fuego cruzado sin precedentes donde Fiscalía, Contraloría, Asamblea, Gobierno y Justicia patean las responsabilidades hacia la cancha ajena; donde todos aseguran haber hecho lo debido en el momento adecuado; donde todos vieron venir el caso, pero nadie vio irse al principal sospechoso.