Las investigaciones en curso sobre la corrupción en Brasil han expuesto una red enmarañada de relaciones ilícitas entre compañías privadas, burócratas del gobierno y políticos electos. Los escándalos de corrupción han llegado a los niveles más altos de la sociedad brasileña (políticos, dueños y ejecutivos de empresas han sido sentenciados y encarcelados). Hasta el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva hoy está procesado. Mientras tanto, el drama se ha cobrado una víctima en la economía brasileña. Además de las empresas individuales, cadenas completas de valor que contribuyen marcadamente al PIB del país han sufrido un repentino congelamiento operativo y financiero. Sin embargo, reformar la relación entre los sectores público y privado puede mejorar el desempeño económico de Brasil de largo plazo. Hoy existe una percepción generalizada de que quienes participan en actividades ilícitas tienen una mayor probabilidad de ser atrapados y castigados, más allá de su condición social. Y esto es tan válido para quienes exigen sobornos como para quienes los pagan. No hace falta ser economista para saber que la percepción de un mayor riesgo puede ser un desincentivo importante. Después de que se haya enfriado la cuestión de las investigaciones de corrupción, Brasil podrá fortalecer su economía en al menos tres dimensiones diferentes: el gasto público puede volverse sustancialmente más costo-efectivo; un amplio rango de sectores que interactúan con el sector público sufrirá una reestructuración importante: sin la oportunidad de sobornos, las empresas enfatizarán la eficiencia, y los mercados una vez más desempeñarán la función de elegir a ganadores y a perdedores; la prima de riesgo por hacer negocios en Brasil mejorará si los inversores creen que su economía está regida por el Estado de derecho y no por acciones fraudulentas de parte de unos pocos privilegiados. Fortalecer el Estado de derecho y asegurar el cumplimiento de las reglas formales requerirá de más transparencia y de la eliminación de factores opacos extramercado en la competencia del sector privado. Llevará tiempo reconstruir la confianza. Los inversores necesitan ver que Brasil mantiene el rumbo en sus esfuerzos de reforma, así como más reajustes por parte de las agencias regulatorias y las compañías estatales. Si la “revolución de la gobernanza” ha de ser exitosa, el proceso no debe terminar con los procesamientos en curso. Por empezar, la acción judicial tiene que estar complementada por una agenda de reformas microeconómicas. El Gobierno necesita mejorar la responsabilidad del sector público en todos los niveles, y luego buscar gradualmente más maneras de impedir el delito. Y necesita garantizar que las reformas de gobernanza sean resilientes contra futuros intentos de acabar con ellas. La red de favoritismo que se está disolviendo no es ni nueva ni exclusiva de Brasil. Pero claramente comenzó a expandirse en el pasado reciente, tal vez como síntoma de una “maldición de los recursos naturales”, que surgió durante el superciclo de las materias primas de 2000-2014. En cualquier caso, disolver las relaciones público-privadas corruptas de Brasil será doloroso en el corto plazo. Pero, en el largo plazo, las reformas que hoy están en marcha ofrecerán réditos económicos, políticos y sociales al país -y a cualquiera que las emule.