Contaminación. El estero Salado, de Guayaquil, contaminado por la basura arrojada, en una imagen de archivo.

La region requiere leyes sobre gestion de basura

Plazo. La ONU reconoce que el cambio de cultura y hábitos en la sociedad y las empresas requiere de proceso largo, además del impulso legislativo inicial.

Legislaciones que establezcan la responsabilidad de cada actor social en la gestión de residuos son vitales para la sostenibilidad ambiental de América Latina y el Caribe, donde se prevé un importante aumento de la generación de basura en los próximos años, según el coordinador regional para América Latina y el Caribe de Productos Químicos y Residuos de ONU Medio Ambiente, Jordi Pon.

Un reciente informe de la oficina regional de ONU Medio Ambiente, que tiene su sede en Panamá, alerta de la situación: América Latina y el Caribe producía 541.000 toneladas de desperdicios por día en el 2014 y una proyección “conservadora” indica que aumentará en al menos un 25 por ciento para el 2050, cuando llegará a 671.000.

“Las personas cada vez generamos más residuos, con lo cual seguramente no va a ser un 25 por ciento” si no más ya que se ha demostrado que cuando los países logran aumentar su capacidad económica y adquisitiva “se generan más residuos”, afirmó.

En ese escenario, el organismo mundial urge a la región a considerar la gestión de residuos como prioridad y a incentivar políticas para reducir la producción de basura, pues “el mejor residuo es el que no se genera”, afirmó el experto.

Más de 35.000 toneladas diarias de desechos se quedan sin recoger en la región, especialmente en zonas empobrecidas y comunidades rurales, lo que afecta a más de 40 millones de personas. Se debe “tratar de que no se destine a la disposición final, a los vertederos”, que son grandes contaminantes y se consideran una de las “peores prácticas” en la materia. América Latina y el Caribe solo aprovecha un 10 por ciento de todos los residuos, dice el informe regional.

La tasa actual de reciclaje “aparentemente es muy baja”, agregó el experto, pero recalcó que “es difícil conocer cuál es la situación real, porque hay un componente de informalidad” en este sector.

“Hay mucho reciclaje informal, de personas que se dedican a esto pero no está regulado, profesionalizado (...). Lo que es importante es reconocerlas e incluirlas en las políticas” públicas, afirmó.

En ese sentido, Pon destacó que el “marco legal es muy importante para que se establezcan bien, con claridad, las responsabilidades de cada uno: la empresa, el gobierno, los usuarios”, en la gestión de los residuos.

Ya en la región se están viendo iniciativas para incluir en los marcos normativos el concepto de “responsabilidad extendida del productor, es decir, que los productores, las empresas, en tanto que responsables de introducir en el mercado un producto, son responsables de diseñar el plan para recuperarlo”.

Pon recordó que la implantación del reciclaje requiere tiempo, pues se trata a fin de cuentas de un cambio cultural que está necesitado además de un impulso por parte de los tomadores de decisión en los distintos niveles de gobierno.

“Pensemos que en otras regiones como Europa, que ahora tiene tasas de reciclaje importantes, eso no ha ocurrido de la noche a la mañana, es un tema de cambio de cultura, pero de incluir también mecanismo, políticas e incentivos”.

Hay que “facilitar el reciclaje a las personas. No puede ser que dependa solo de iniciativas voluntarias, de algunos centros de acopio”, alertó.

La avanzadilla de Galápagos y Guayaquil

Las autoridades de Galápagos y, después, de Guayaquil atajaron el problema de los residuos plásticos restringiendo su uso. Las normas prohíben los artículos de plásticos de un solo uso. En Guayaquil, se ha definido un plazo para la retirada de esos productos. La medida ha sido debatida y cuestionada por el impacto que puede tener en el sector empresarial y, en consecuencia, en el empleo.