Reemplazo, lejos de ser opción con autoridades cuestionadas
En el Consejo de Participación se miden con diferente vara casos similares. Cambios podrían operar luego de juicios políticos o decisiones judiciales
Decisión. Marcelo Ron, abogado de Celi, asistió a la audiencia en la que el juez Felipe Córdova negó el pedido de revocatoria a la prisión preventiva al contralor.
Una institucionalidad con trabas para actuar. Aunque para una mayoría no deja de ser “escandaloso” que funcionarios con prisión preventiva o grilletes electrónicos, por procesos legales en curso, sigan despachando y tomando decisiones, a la hora de definir su futuro empiezan a aparecer los obstáculos.
Eso quedó ayer en evidencia en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en donde, ante la imposibilidad de sancionarlos, el consejero Francisco Bravo mocionó exhortar al contralor Pablo Celi, detenido por el caso Las Torres, y al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, investigado por presunto abuso sexual, “que den un paso al costado”, lo que allanaría el inicio de concursos para reemplazarlos.
Lo de Celi fue aprobado con afán, pero para el segundo exhorto aparecieron las excusas. El consejero Juan Dávalos, cercano al correísmo, introdujo otra moción para pedir que primero se elabore un informe sobre la situación jurídica de la Defensoría del Pueblo y de su titular, quien está recluido en la Cárcel 4 de Quito.
Eso fue apoyado por los consejeros David Rosero, Ibetht Estupiñán y la presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, quien justificó no tener mayor información del caso de Carrión, pese a que lleva más de un mes en la palestra pública y en los últimos días cobró relevancia cuando intentó emitir una acción de personal desde la prisión para destituir a la subrogante, Zaida Rovira.
Más allá de la polémica, parece poco probable que alguno de los dos funcionarios esté abierto a acoger el exhorto y facilitar el trabajo del CPCCS, por lo que le queda esperar de terceros.
Por un lado, el juicio político que se solicitó iniciar en la Asamblea en contra de Carrión y la reactivación del proceso de fiscalización a Celi, que no fue resuelto por el anterior Legislativo. Ambos trámites demorarían entre uno y dos meses.
En el lado judicial la situación de Carrión aún es incierta. El pasado 17 de junio concluyó la instrucción fiscal. De ser hallado culpable podría recibir entre tres y cinco años de cárcel.
La semana pasada el fiscal del caso pidió fecha para la audiencia preparatoria de juicio. La situación en la Defensoría es compleja. La mañana de ayer el edificio del organismo, ubicado en la calle Juan León Mera, norte de Quito, fue rodeado por policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) ante una posible amenaza de toma violenta de las instalaciones.
En el caso del contralor Pablo Celi, aún quedan dos meses para que concluya la instrucción fiscal por posible delincuencia organizada. Es uno de 13 investigados por formar parte de una supuesta estructura delincuencial dedicada al cobro de coimas a contratistas de Petroecuador a cambio del desvanecimiento de glosas. De ser encontrado culpable, Celi podría recibir entre siete a 10 años de cárcel.
Juicio para representantes en Pichincha
No menos compleja que la situación de defensor del Pueblo y del contralor es el caso de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y del alcalde metropolitano de Quito, Jorge Yunda.
Ambos tienen medidas sustitutivas que les permiten seguir despachando desde sus oficinas.
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