“Encontramos un país quebrado”. Esa fue una de las primeras frases que Eduardo Jurado, secretario de la Presidencia, pronunció como preámbulo para explicar con mayor detalle las medidas económicas que el Gobierno de Lenín Moreno anunció el pasado martes.

No obstante, en algunos casos, las autoridades aún tienen algunas incógnitas sobre cómo ejecutarán varias acciones.

El régimen quiere seguir achicando el Estado para conseguir su objetivo: bajar el déficit fiscal al 1 % respecto al Producto Interno Bruto (PIB) cuando deje su mandato, en 2021.

Es decir, las medidas van encaminadas a achicar el hueco que se genera debido a que los ingresos fiscales no alcanzan a cubrir todos sus gastos. Esta situación obliga al Gobierno a adquirir más deuda.

Para este año, la meta de déficit es llegar al 4,9 % del PIB. Si no se tomaban las medidas de ajuste, el agujero de fondos habría llegado al 7 % del PIB, dijo Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas.

Ya en términos concretos, se eliminarán y fusionarán ministerios, secretarías, institutos y empresas públicas, lo que implica un nuevo diseño institucional que difiere con el Gobierno de Rafael Correa.

Del total de 27 ministerios que actualmente funcionan, se pasará a 20. Por ejemplo, desaparecerá el Ministerio de Justicia y carteras de Estado como Comercio Exterior e Industrias y Productividad se fusionarán.

¿Pero cuántos servidores públicos dejarán sus cargos debido al proceso de optimización? En una primera etapa, el Gobierno prevé que se desvinculen 900 personas, para al final llegar a 1.500 trabajadores.

No es el primer proceso de ajuste que realiza Moreno. Su Gobierno recibió un Estado con 40 ministerios y desde que inició su mandato, en mayo del año pasado, ha eliminado entidades como los ministerios coordinadores o se han fusionado los ministerios de Electricidad y Minería e Hidrocarburos.

También se prohibieron los contratos ocasionales en el sector público en este año y 2019.

¿Cuántos empleados públicos han salido por todas esas medidas? Según datos de José Augusto Briones, secretario de Planificación y Desarrollo, en total 42.000 trabajadores han salido del sector público. Es la primera vez que el Gobierno entrega los resultados concretos de su plan de austeridad.

De acuerdo con datos del ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, en enero de este año el sector público contaba con 495.705 trabajadores. Es decir, 8,4 % del total de burócratas han dejado su cargo. El nuevo recorte representará un ajuste del 0,4 % del total de la nómina de servidores públicos.

La reestructuración de ministerios, secretarías, institutos y empresas públicas representará casi el 40 % de los 1.000 millones de dólares que las autoridades quieren ajustar.

La otra gran apuesta de Moreno es la reestructuración de las compras públicas. La restricción máxima de la contratación directa o régimen especial prevé un ahorro de 400 millones de dólares.

Todo este conjunto de acciones, indicó Martínez, espera dar más confianza a los mercados internacionales para adquirir deuda por más de 1.000 millones de dólares con banca de inversión y multilaterales.

Subsidios

Tras la súper, el diésel a revisión

Hasta hoy se tiene previsto que se emita el decreto ejecutivo que dispone el incremento del precio de la gasolina súper a 2,98 dólares y su inmediato efecto en las estaciones de servicio del país.

El mismo documento dispondrá el incremento del octanaje de ese combustible de 90 a 92 octanos. Es decir, será de mejor calidad.

La medida, según cifras que presentaron ayer las autoridades de Gobierno, pretende ahorrar al fisco unos 100 millones al año.

Pero no es la única medida. También se tiene previsto revisar el subsidio al diésel para la industria. Sin embargo, todavía no hay nada claro acerca de cómo se implementará.

El ministro Martínez señaló que están estudiando los mecanismos para retirar el subsidio y no afectar la competitividad en las industrias, pero no hay nada definitivo aún.

El Gobierno discutirá los demás subsidios a los otros combustibles como la gasolina extra, gas licuado de petróleo (GLP) y diésel, en una mesa de diálogo que empezará en las próximas semanas.

“Queremos contar con la participación de la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil. La idea es comenzar ya hablar de este tema y el daño que le causa al país”, manifestó ayer el secretario de la Presidencia de la República, Eduardo Jurado.

En estas semanas se establecerá de qué manera funcionará la mesa de diálogo, el cronograma y qué entidades y representantes de organizaciones participarán.

En 2015, el expresidente Correa ya realizó una revisión para el sector industrial. El exmandatario cambió las reglas de juego para la fijación de precios de los combustibles dirigidos para varios sectores, como navieras, industrias, aerolíneas y transporte de carga pesada internacional. En ese entonces se eliminó, de forma parcial, el 40 % de subsidio en el ‘jet fuel’ (gasolina para aviones).

Adicionalmente se estableció que Petroecuador fije mensualmente precios de GLP para uso comercial e industrial, diésel 2, diésel premium, gasolinas y ‘fuel oil N6’ para el sector industrial.