Incluyendo la medida dentro de su política de transparencia, el presidente Moreno acaba de anunciar la eliminación de la Senain. La decisión es mirada con simpatía por los ecuatorianos.

Ocurre que desde su creación en el año 2009, dicho organismo de seguridad, concebido como Secretaría Nacional de Inteligencia, no ha cumplido ningún rol relevante. Por el contrario, las denuncias sobre supuestas escuchas y otras actividades de espionaje, violatorias a las normas constitucionales, que habrían sufrido sectores opositores al gobierno anterior, lo desacreditaron e hicieron que se planteara la conveniencia de suprimirlo. Pero, más allá de los señalado, el presidente ha justificado la medida por razones de ahorro público. Tal es la situación, informó el primer mandatario, que he “ordenado que se implementen nuevas medidas administrativas de austeridad en cada una de las instituciones del Ejecutivo.”

Sin duda, conforme avanzan los días y se tiene más certeza de la magnitud de la crisis económica y del descomunal asalto sufrido por los fondos del Estado, más relevante se hace el tomar medidas para reducir el gasto público y, ojalá, también, recuperar parte de los recursos sustraídos al erario nacional.

Y ello ocurre cuando precisamente la nueva situación creada por el surgimiento de actividades de narcoterrorismo en la frontera norte del Ecuador, hace imprescindible el fortalecimiento de las labores de inteligencia.

En buena hora parecería que en el Gobierno hay plena conciencia de ello y se están tomando las medidas para robustecer el cumplimiento de esas tareas de inteligencia y contrainteligencia, devolviéndoselas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que tienen que poner bajo su vigilancia una frontera de 700 kilómetros de extensión.

Obviamente, tal cual se ha señalado antes, una tarea de esa magnitud no podrá cumplirse exitosamente sin la más decidida y firme colaboración ciudadana, que tiene que tener clara la gravedad de las circunstancias.

Una política determinada a generar ese profundo reencuentro entre las organizaciones militares y policiales con los ciudadanos civiles es un imperativo y propiciarlo es tarea obligatoria de todos, más aún cuando las medidas económicas que están por anunciarse con seguridad producirán un cierto grado de explicable tensión.