Las redes familiares en la Asamblea Nacional: ¿hay nepotismo?
No es la primera vez que familiares trabajan en la Legislatura. Una sanción ejemplar podría sentar un precedente
El caso del joven asambleísta Dominique Serrano, de Acción Democrática Nacional (ADN), ha desatado una controversia que trasciende lo anecdótico. Tras ser captado dibujando durante una sesión clave de fiscalización, se conoció que su madre, Paulina Molina, fue asesora dentro de la Asamblea Nacional, y que su hermano, Jeremy Serrano, es funcionario de la Función Legislativa.
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Aunque estos vínculos familiares no implican una relación jerárquica directa con el legislador, la discusión sobre si se configura o no nepotismo ha ganado terreno en el debate jurídico y político.
Desde una perspectiva legal, la figura del nepotismo en el ámbito legislativo ecuatoriano se encuentra regulada en el artículo 159 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, explica la abogada experta en Derecho Parlamentario Melania Carrión.
La jurista indica que esta disposición prohíbe explícitamente la contratación de familiares por parte de los asambleístas, incluyendo en el concepto a la Asamblea como cuerpo colegiado, no solo al despacho del legislador. Carrión señala que la normativa exige declarar si existe algún parentesco con otro funcionario legislativo y que esto aplica también para las autoridades nominadoras y para los propios asambleístas.
¿Nepotismo en la Asamblea?
En este caso, aunque Serrano no figura como nominador directo, Carrión advierte que el entramado familiar dentro de la Asamblea puede configurar un escenario de nepotismo. Y agrega que podrían considerarse otras figuras, como la gestión de cargos públicos y, potencialmente, el tráfico de influencias, si se demuestra que existió una intervención indebida para facilitar las contrataciones.
La jurista apunta a un actor clave: el asambleísta Eckenner Recalde, también de ADN, quien contrató a la madre de Serrano como asesora y cuya hija es ahora también la alterna de Serrano.
Para Carrión, esta red de vínculos amerita una investigación penal, pues pone de relieve un posible uso instrumental de la Función Legislativa.
Una ética reprochable
El abogado penalista Pablo Encalada califica el caso como éticamente reprochable: “Cae a todas luces en una falta de ética que toda una familia tenga tantas personas en una misma institución”. No obstante, desde una óptica estrictamente penal, considera que no se configura el delito de tráfico de influencias, ya que este requiere coacción o presión directa para obtener una resolución favorable.
A su criterio, lo que suele existir en estos contextos son favores mutuos entre autoridades públicas, una práctica que considera reprobable pero no necesariamente delictiva.
Encalada también destaca que el nepotismo requiere que el funcionario que nombra tenga relación directa con el familiar contratado, lo cual, en el caso de Serrano, no está plenamente probado. “En este caso parece que eso no se ha dado, sino que hay una gestión de cargos”, aclara.
Sin embargo, advierte que esta coyuntura podría ser aprovechada para iniciar un proceso de depuración institucional, en particular si el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decide sancionar al legislador Dominique Serrano, aunque admite que la voluntad política podría frenar cualquier sanción.
Una discusión que no es nueva
La discusión sobre redes familiares en la Asamblea no es nueva. En 2017, un reportaje de Plan V reveló que al menos 46 hermanos trabajaban simultáneamente en la Legislatura. Por ejemplo, se citó el caso de Johanna Cedeño, entonces asambleísta de Alianza PAIS, quien contrató a su hermano como asistente; o de la familia Rodríguez Moncayo, cuyos tres miembros eran asesores legislativos. Aunque estas prácticas no derivaron en sanciones, sí generaron cuestionamientos éticos.
Ambos expertos coinciden en que el principal impacto de este caso será político y consideran que marcar un precedente es necesario. Aunque no existe todavía un antecedente judicial por nepotismo en la Asamblea, la presión pública podría empujar a los órganos internos del Legislativo a reforzar sus mecanismos éticos y disciplinarios.
Mientras tanto, Serrano enfrenta un proceso por su comportamiento en el pleno y sus vínculos familiares continúan alimentando el escrutinio social.
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